El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sacudió la palestra pública al aprobar por unanimidad la ejecución de auditorías integrales a las dos últimas administraciones del Poder Judicial, correspondientes a los períodos liderados por los expresidentes Rolando Argueta y Rebeca Raquel Obando, abarcando un histórico financiero que data desde el año 2018.
Fin al control absoluto y justificación legal: La magistrada de la CSJ, Anny Belinda Ochoa, detalló que la iniciativa surge a raíz del reciente decreto legislativo aprobado por el Congreso Nacional. Dicha reforma despojó la figura de la «presidencia absoluta» del Poder Judicial y transfirió la responsabilidad financiera, administrativa, operativa y de ejecución de bienes de forma equitativa a los 15 magistrados del pleno.
- “Esta propuesta nace en virtud de que los expresidentes de la CSJ tenían una administración absoluta, lo que los hacía responsables directos de toda la toma de decisiones financieras y administrativas que se adoptaban en este poder del Estado”, puntualizó Ochoa.
Petición formal ante el TSC: Para blindar legalmente a la actual gestión y garantizar que los planes operativos heredados cumplan con la ley, el pleno presentará la solicitud formal ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la próxima semana. La magistrada Ochoa precisó que se exigirá la ejecución de dos vías de fiscalización: una auditoría financiera y una auditoría de cumplimiento, las cuales determinarán si existieron desvíos, anomalías burocráticas o abuso de autoridad en la administración de los recursos del Poder Judicial en el último septenio.
