
El ministro de Seguridad Nacional, Gerson Velázquez, reconoció este día que en Honduras se estaría registrando una reconfiguración de estructuras criminales, situación que, según dijo, estaría influyendo en la dinámica actual de violencia en diferentes zonas del país.
Durante una comparecencia en vivo, el funcionario explicó que factores externos relacionados con operativos internacionales contra el narcotráfico habrían impactado las rutas de tráfico de drogas, lo que estaría generando cambios en la forma de operar de las organizaciones criminales dentro del territorio hondureño.
Velázquez aseguró que el país enfrenta una presión constante en materia de seguridad y que las instituciones trabajan en la identificación y neutralización de estructuras delictivas, especialmente en zonas intervenidas donde se reporta alta incidencia criminal.
El titular de Seguridad confirmó además la captura de un segundo implicado en un hecho reciente de alto impacto, al tiempo que indicó que continúan las operaciones para desarticular bandas vinculadas a distintos delitos.
Sobre los índices de homicidios, el ministro señaló que aún no se cuenta con una comparación definitiva de datos, debido a que la información está en proceso de validación entre distintas instituciones como el Ministerio Público, centros hospitalarios y registros oficiales de defunciones.
Asimismo, detalló que departamentos como Olancho, Yoro, Victoria y zonas del norte de Francisco Morazán permanecen bajo intervención policial y militar, como parte de las acciones para reducir la actividad de estructuras criminales.
Velázquez defendió el uso de la tasa de seguridad, asegurando que estos fondos han permitido fortalecer el equipamiento, la logística y la modernización de la Policía Nacional, incluyendo vehículos, armamento y tecnología operativa.
Finalmente, destacó la incorporación de herramientas tecnológicas como drones y sistemas de inteligencia para apoyar las operaciones en campo, aunque reconoció que aún existen desafíos importantes para mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a la criminalidad.