El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en marcha una estrategia para acelerar la desnaturalización de ciudadanos obtenidos por presunto fraude, en respuesta al incremento de casos detectados por autoridades migratorias.
Según información divulgada por The New York Times, un total de 384 expedientes han sido identificados en esta primera fase y serán distribuidos entre fiscales civiles en 39 oficinas regionales, con el objetivo de iniciar los procesos judiciales correspondientes.
Asimismo, la política incorpora abogados de distintas divisiones civiles, ampliando la capacidad operativa para atender estos casos.
La legislación federal establece que la revocación de ciudadanía solo puede concretarse mediante fallo de un tribunal, siempre que el gobierno demuestre con pruebas claras la existencia de fraude, omisión de información relevante u otras irregularidades durante el proceso de naturalización.
