Honduras está borrando su mapa verde a una velocidad alarmante.
El informe «Estado de País 2026» de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revela una realidad catastrófica: en poco más de una década, el país ha perdido 900 mil hectáreas de bosque.
Al ritmo actual, la cobertura forestal tiene fecha de caducidad.
El estudio «Bosque y vidas en riesgo» pone el dedo en la llaga sobre la impunidad ambiental. Mientras la explotación ilegal es el delito rey, la Fiscalía del Medio Ambiente apenas recibe el 0.4% del presupuesto del Ministerio Público.
A esto se suma una cifra sangrienta: 111 defensores ambientales asesinados en 10 años, con un 92% de los casos en el olvido judicial.
Pese a que se han destinado L3,100 millones para conservación, el rastro de ese dinero es difuso, dejando al país vulnerable y con sus pulmones desapareciendo ante la falta de transparencia.
