El Gobierno de Honduras presentó una nueva política de seguridad para el período 2026-2030 que prioriza el ataque a la estructura financiera de las organizaciones criminales, con el objetivo de reducir su capacidad operativa y frenar la violencia en el país.
El titular de la Secretaría de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que la estrategia se sostiene en tres pilares: control territorial en zonas con alta incidencia delictiva, golpe directo a las economías criminales y fortalecimiento de la investigación e inteligencia. El plan incluye decomisos sistemáticos de bienes y bloqueo de recursos financieros.
Las autoridades buscan debilitar las redes delictivas mediante la incautación de dinero, propiedades y logística, con el fin de limitar su expansión y capacidad de reclutamiento. Según Velásquez, la estrategia trasciende las capturas y apunta a desarticular las estructuras que sostienen el crimen organizado.
El fortalecimiento tecnológico y la cooperación interinstitucional también forman parte del enfoque, mientras expertos advierten que la efectividad dependerá de la solidez del sistema judicial, la administración de bienes incautados y la continuidad de las políticas públicas a largo plazo.
