No sé a qué personaje se le ocurrió acuñar la frase de que «justicia tardía no es justicia», quizás por aquello de que, cuando el brazo de la ley tarda en llegar, el causante de la lesión o de la injuria, o bien se ha dado a la fuga o ha desaparecido. Sin embargo, el carácter que tiene la justicia es que no es algo relampagueante, su característica es la lentitud, porque la ley ante todo, debe ceñirse a la certeza con que debe aplicarse, evitando los arrebatos que conducen a las injusticias. El debido proceso está enmarcado en la lentitud, la justicia en Inglaterra y EEUU se toma todo el tiempo necesario. Un proceso puede tardar en desarrollarse hasta diez o más años. Aqui nomas en Honduras, hay personas a las que la justicia de EEUU les dio seguimiento por algunas acciones ilegales cometidas, especialmente por afectar el sistema financiero de EEUU, y fueron notificados de la sanción diez años después de iniciado el proceso.
El juicio politico, que no es un proceso judicial, se desarrolla en el corto tiempo de un mes, porque así lo estipula la ley que enmarca esa herramienta constitucional que castiga a los altos funcionarios nombrados por el Congreso Nacional, por violar la Constitución de la República. A ciertas personas les parece que el periodo de 30 días es hablar de anos, porque tienen una visión cortoplacista que les impone el deseo de que, a los imputados hay que condenarlos al día siguiente. El juicio politico es fundamentalmente de esencia política, la ley que lo rige aclara con propiedad que, contra el juicio político no cabe ningún recurso en el campo judicial.
Pero, es gracias al juicio politico que los hondureños nos estamos enterando de todas las iniquidades cometidas por funcionarios abusivos del PLR que, lejos de cumplir sus obligaciones apegados a la ley, hicieron todo lo posible por boicotear el proceso electoral, tanto en su etapa de Elecciones Primarias, como en las Elecciones Generales. Los funcionarios del CNE, que fueron convocados al juicio político, en condición de testigos, han abierto las puertas que mantuvieron cerradas Marlon Ochoa y sus adláteres en el CNE, igual que Mario Morazán y sus cómplices en el TJE. La secretaria del CNE, Telma Martínez, manifestó que en el interior del CNE se sufrió una persecución desmedida y desproporcionada, lo que afectó gravemente el funcionamiento del organismo electoral. En la persecución desatada por Marlon Ochoa en complicidad con el exfiscal Johel Zelaya, el objetivo fue crear un estado de amedrentamiento que socavo el proceso electoral.
Un testimonio valioso es el que brindo el señor Eduardo Enrique Fuentes, ex co-director electoral del CNE, que puso al descubierto las acciones de Marlon Ochoa y el Partido LIBRE (PLR) destinadas a desestabilizar el proceso democrático e impedir el escrutinio especial y forzar una narrativa de fraude. Eduardo Fuentes es un técnico con varios años de experiencia en organismos electorales, su señalamiento es contra el Partido PLR por entorpecer la logística clave, como era la implementación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP). Según Eduardo Fuentes, el cronograma electoral sufrió un golpe critico el 7 de julio del 2025, fecha límite para recibir las ofertas del TREP. Ese día, los colectivos de LIBRE (PLR) impidieron que las empresas que distribuyen los equipos pudieran presentar las ofertas. El principal interesado en esas acciones era Marlon Ochoa, desde adentro del CNE. Eduardo Fuentes presentó videos y denunció adulteración de actas durante el escrutinio especial. Por las acciones malintencionadas de Marlon Ochoa se produjo una parálisis de un mes.
Eduardo Fuentes tuvo la entereza de denunciar en el desarrollo del juicio politico, que representantes de LIBRE, un sector del PL y el PINU, impidieron el inicio del escrutinio especial, exigiendo el conteo del 100% de las actas que no está contemplado en la ley. Este día, la Comisión Especial del CN que evacua los testimonios de los imputados y de varios testigos, aceptaron que las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall, comparezcan a brindar su testimonio en calidad de testigos. La decisión de la Comision Especial del Congreso es afortunada, porque fueron las consejeras López y Hall las que sufrieron en carne viva las atroces embestidas de Marlon Ochoa, que contó con la complicidad de la Secretaría de Seguridad y de los militares para formar anillos de hostigamiento y acoso contra las consejeras, especialmente contra Cossette López, contra la que, el propio Mel Zelaya, puso un empeño especial para desestabilizarla de muchas formas.
La consejera Cosette López ha acusado a Marlon Ochoa y a Mario Morazán de atropellar la democracia, acusación que se queda corta, porque Ochoa y Morazán fueron las verdaderas puntas de lanza para boicotear las elecciones. Mario Morazán cumplió el papel de verdugo de la infortunada magistrada Miriam Barahona, hizo de su persecución un objetivo malvado que le asigno su partido, el PLR. Con justa razón, el padre de Miriam Barahona, abogado José Barahona, lo responsabiliza por la muerte de su hija.
El juicio politico está cumpliendo el objetivo de recuperar el Estado de Derecho para nuestro país, no se debe escatimar tiempo, hay que darle todo el tiempo que se necesite hasta que se impongan las sanciones a los violadores de la Constitución. Eso creara un estado de adecentamiento nacional. Honduras no debe permitir más impunidad, todos los funcionarios que violaron la Constitución deben recibir la sanción que se merecen.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 15 de abril de 2026.
