En un momento donde el hondureño promedio cuenta cada lempira para completar la canasta básica, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha lanzado una bomba informativa: la persistencia de mecanismos opacos para transferir fondos públicos directamente a las cuentas de los diputados.
El contraste de la realidad: Mientras el país navega en una crisis de precios internacionales y hospitales con suministros al límite, la ASJ califica como «moralmente ofensivo» que el dinero del pueblo se distribuya mediante cheques directos.
El organismo señala que estas prácticas, lejos de ser nuevas, son las raíces del clientelismo y la corrupción que históricamente han drenado las arcas del Estado.
La exigencia es puntual: La sociedad civil no pide favores, exige rendición de cuentas. La ASJ ha sido clara en dos puntos que prometen encender el debate legislativo:
- Nombres y Apellidos: Publicación inmediata de quiénes recibieron fondos, cuánto dinero fue y bajo qué excusa legal se entregó.
- Fin al «Personalismo» Financiero: Que no vuelva a caer un solo lempira público en una cuenta privada de un funcionario. El presupuesto debe pasar por los filtros legales, no por las manos de los políticos.
Honduras se encuentra en una encrucijada ética. La pregunta que queda en el aire es: ¿Honrarán el Congreso y la Presidencia su promesa de transparencia, o seguiremos pagando el alto costo de la opacidad?
