Los diputados del Partido Liberal no deben recular en su apoyo a los juicios políticos contra los funcionarios del PLR que intentaron torpedear el proceso electoral para buscar a toda costa perpetuarse en el poder. Sancionar a los responsables de las violaciones a la Constitución de la Republica no es un acto de persecución política, es un asunto de justicia y adecentamiento nacional. Cualquier funcionario de gobierno que en forma evidente trate de obstaculizar el proceso electoral, comete el grave delito de atentar contra la soberanía popular. Estas acciones delictivas para ser sancionadas requieren en primer lugar que los culpables sean sometidos a un juicio político, mismo que deberá ser aprobado por el pleno de 86 diputados del Congreso Nacional, sin perjuicio, además, de la responsabilidad civil o criminal que les sea deducida en los tribunales de justicia.
Los diputados de oposición deben tener la absoluta claridad que, el juicio político es el mecanismo para sentar precedentes y deducir responsabilidades a los altos funcionarios violadores de la Constitución. En estos casos, conceder perdón es sinónimo de traición. Los diputados no deben perder de vista que el pueblo hondureño, la inmensa mayoría, el 81 por ciento, el pasado 30 de noviembre expresó en las urnas su rotundo voto de castigo al PLR, negándole toda posibilidad de mantenerse en el poder. El pueblo hondureño, electoralmente castigó con su voto las continuas agresiones del PLR a la Constitución de la República; ahora corresponde a los diputados de oposición, concretar el castigo de manera formal conforme el mandato constitucional, primero expulsando de sus cargos a los responsables mediante el juicio político y luego, llevándolos ante los tribunales para que les sean deducidas las responsabilidades, por la vía civil o criminal, conforme sea el caso.
Honduras necesita entrar en una era de adecentamiento, los políticos no deben seguir haciendo causa común con la impunidad. Como ha trascendido que el juicio político contra Marlon Ochoa por el momento está descartado, al no contar con el respaldo de 7 diputados del PL, que reciben línea del excandidato Salvador Nasralla, es oportuno recordarles que aunque obtuvieron la curul por el movimiento de Nasralla, una vez convertidos en diputados del Congreso Nacional su compromiso es con Honduras, un concepto que no es nada intangible sino absolutamente real, y que, en consecuencia, están obligados a actuar apegados a la carta magna, que es, a la que le deben todo el compromiso posible para ubicarla en la cima del respeto y la credibilidad.
La Constitución de la República fue pisoteada a partir del mes de enero de 2022, cuando una horda de diputados radicales del PLR se apoderó a la brava de la conducción del Congreso Nacional, y desde aquel momento todo lo que se adoptó en ese parlamento espurio estuvo revestido de ilegalidad. Fue hasta enero de 2026 en que Honduras empezó a recuperar su instauración en el Estado de Derecho, recuperación que está inconclusa, y que para completarse, demanda sanciones para todos los funcionarios del PLR que pisotearon a su gusto la carta magna. Marlon Ochoa del CNE, Mario Morazán del TJE y Rebeca Ráquel Obando de Melara, deben ser objeto de juicio político. Mientras que Luis Redondo y Roosevelt Hernández deben ser imputados por el Ministerio Público para que respondan en los tribunales por sus hechos delictivos, que ameritan ser sancionados por la vía penal.
Los diputados que se rajen, negándole su voto al pleno del Congreso Nacional, anteponiendo sus intereses personales y partidarios para proteger a Marlon Ochoa, a Mario Morazán, a Rebeca Ráquel Obando y demás violadores de la Constitución, deberán tener en cuenta que sus nombres quedarán grabados en la mente de esa inmensa mayoría de hondureños que exige juicio político contra los funcionarios violadores de la Constitución. El pueblo hondureño no tolerará una burla de cualquier diputado o grupo de diputados, que pasándose al lado de la impunidad, por razones propiamente de beneficio político, le nieguen su voto al pleno para no hacer la mayoria que requiere el juicio político contra los funcionarios que no solo pisotearon la Constitución, sino que estuvieron a punto de impedir el proceso electoral del pasado 30 de noviembre.
El pueblo hondureño fue determinante en las elecciones al votar por la expulsión del PLR del poder, pero no estará satisfecho hasta tanto no se complete el proceso de adecentamiento contra todos los violadores de la Constitución. Los hondureños exigen que se siente un precedente, y si a quienes corresponde hacerlo, que son los diputados del Congreso Nacional, no lo hacen por cálculos e intereses políticos, prepárense desde ahora los diputados que se rajen, porque recibirán el castigo del electorado, aunque mucho antes tendrán el repudio nacional por oportunistas y por desleales con Honduras.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 7 de abril de 2026.
