Quien mejor definió el Estado de Derecho fue Montesquieu con su teoría de la división de poderes. País donde no hay división de poderes, no es un Estado de Derecho. No pueden calificarse Estados de Derecho, aquellos gobiernos totalitarios, ni otras especies de tiranía, dictadura y autocracia. Cuando el 21 de enero de 2022, una grulla de diputados radicales asalto la mesa directiva del Congreso Nacional, donde el secretario de Gobernación, Leonel Ayala, juramentaba a la junta directiva electa por el pleno de 86 diputados, conforme la Constitución y siguiendo el protocolo parlamentario, apoderándose por medio de la violencia y la arbitrariedad de la dirección del Poder Legislativo, Honduras entro en una de sus peores etapas de oscuridad antidemocrática. El diputado Luis Redondo fue convertido en un presidente usurpador del Congreso Nacional al servicio de un proyecto autoritario del PLR. Desde ese instante y hasta que Redondo abandono el Palacio Legislativo, Honduras paso a ser un país adefesio o lo que es lo mismo, un adefesio de país.
Todo acto y toda acción derivada de aquel Congreso Nacional presidido por Luis Redondo, fueron ilegales, los nombramientos de funcionarios fue una cascada de ilegalidades, nada que surgió del Poder Legislativo en ese período, puede considerarse legal. Honduras entera pasó a ser una nación abochornada por vivir regida por la ilegalidad. Si dejáramos en manos del inmortal Cervantes, autor del Quijote de la Mancha, definir a Honduras en ese periodo grotesco, es casi seguro que nos hubiera calificado como un país «chiquero», como se le llama al cuadrilátero donde se encierra a una piara de animales.
Quizás porque la inmensa mayoria inconsciente de hondureños, no se sintió lacerada por esa brutalidad a que nos llevó el Partido LIBRE (PLR) es que, las personas aguantaron esos cuatro años, como si aquí no hubiera pasado nada. Honduras dejó de ser un Estado de Derecho para convertirse en una pocilga, aunque no fueron todos los hondureños los que agacharon la cabeza, un buen número de ciudadanos nos resistimos y nos plantamos frente a aquel sujeto despreciable que pretendió robarnos la dignidad a los hondureños, convertido en un usurpador del principal poder del Estado.
Transcurridos los cuatro años de autoritarismo del PLR, más de 3 millones de electores, a pura patada electoral sacamos al PLR del poder. Hoy, Honduras empieza a recuperar el Estado de Derecho, que debe hacerse desde el Congreso Nacional. El juicio politico al ilegal fiscal general Johel Zelaya es apenas el principio de esta reivindicación democrática. No hay ninguna objeción, el Congreso Nacional actuó conforme los procedimientos. Johel Zelaya decidió no atender la convocatoria del Congreso rehuyendo someterse al pleno que es la máxima autoridad del Congreso Nacional. En ese momento, el parlamento hondureño, apegado a la ley, procedió a destituir a Johel Zelaya por desacatar el llamado del pleno. Johel Zelaya lo quiso de esa manera. Que proceda a entablar demanda contra el Estado, no tiene asidero jurídico. El Estado tiene pruebas contundentes que inculpan a Johel Zelaya como un violador de la Constitución y un violador de los derechos humanos, agravado por dos compatriotas que fallecieron a consecuencia de las arbitrariedades de Johel Zelaya.
Mientras que la renuncia de la también ilegal presidente de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando de Melara, es un capítulo inconcluso todavía. Rebeca Ráquel Obando renuncio a la Presidencia de la CSJ, hecho que no la exime de un seguro juicio politico por violaciones a la Constitución que atentaron contra el proceso electoral. Diversos sectores de la sociedad civil han tomado como bandera el juicio politico contra Rebeca Ráquel de Melara, contemplado como algo que no se puede desestimar por ningún motivo. Su separación de la Presidencia del Poder Judicial es una decisión personal, pero sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal que le será deducida a instancias de la sociedad civil y la sociedad en general.
Honduras empieza a recuperar el Estado de Derecho, cuando nuestro país apenas comienza a salir del lodazal al que nos lanzó el Partido Libertad y Refundación (PLR). El nuevo fiscal general Pedro Emilio Reyes asume una gran responsabilidad con la nación hondureña. No debe cometer el pecado de actuar como servidor del gobierno, o de un poder del Estado, mucho menos de un partido político o de grupos de poder. Debe procurar en todo momento desempeñarse conforme se lo establece el artículo 233 de la Constitución de la República, debe ser el responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia política sectaria. Un fiscal general que asume el cargo para servir a los intereses de un partido o de un determinado proyecto político, es un enemigo de los intereses del país, es lo peor para Honduras.
El nuevo fiscal general no debe verse en el espejo de Johel Zelaya, que cometió el pecado capital de asumir el Ministerio Público comprometido a servir de escudo a los fines del PLR y del gobierno de Xiomara Castro. La justicia hondureña se vistió de luto durante cuatro años mientras Johel Zelaya fue el fiscal general. El nuevo fiscal general Pedro Emilio Reyes debe evitar que por el poco tiempo que estará a cargo del Ministerio Público, tenga que rendir cuentas en los tribunales y después en la cárcel.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 26 de marzo de 2026.
