El Ministerio Público ha solicitado formalmente al juez un cambio en las medidas cautelares para los 12 implicados en la red de corrupción denominada «Chequesol». La petición busca elevar la restricción de arresto domiciliario a prisión preventiva, argumentando que existe un alto riesgo de obstrucción en las investigaciones y considerando la gravedad de las penas vinculadas a los 67 delitos de fraude que se les imputan.
Durante la etapa de conclusiones, el ente acusador presentó como base del caso un video filtrado en el que se evidencia el presunto uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para financiar actividades políticas del partido Libre en Copán. Según las investigaciones, se habrían desviado más de seis millones de lempiras mediante el cobro de cheques a nombre de beneficiarios ficticios, dinero que posteriormente regresaba a manos de operadores políticos.
Además de la privación de libertad, tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la República (PGR) han solicitado la imposición de multas económicas severas. La propuesta exige que los acusados, entre ellos la diputada suspendida Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona, paguen una cantidad que podría duplicar o triplicar el monto total de lo defraudado al Estado hondureño.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el Poder Judicial informó que el juez encargado del proceso se tomará un plazo de dos a tres días hábiles para emitir su resolución definitiva. En este fallo se determinará si se dicta el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva o si los señalados continuarán el proceso bajo las condiciones actuales.
