En un paso firme hacia la rendición de cuentas, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, ordenó la creación de un equipo de enlace de alto nivel para colaborar plenamente con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). El objetivo: auditar cada centavo de las demandas laborales y embargos judiciales ejecutados contra el Estado durante el año 2025.
La investigación surge tras la preocupación por el impacto financiero en la Cuenta Única del Estado depositada en el Banco Central de Honduras (BCH). El ente contralor busca determinar si los procesos de embargo se realizaron bajo el marco legal o si existieron irregularidades en la salida de estos fondos públicos.
Un equipo estratégico para la transparencia
Para garantizar que los auditores del TSC tengan acceso total a la información, la CSJ ha designado a tres funcionarias clave como puentes institucionales:
- Jessica Roxana Castillo: Directora Administrativa del Poder Judicial.
- Zoila María Rivera: Jefa de Auditoría Interna.
- Alba Isabel Cervantes: Jueza Coordinadora del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.
El foco de la investigación
Auditores del TSC ya se encuentran en la Sala de lo Laboral de la CSJ recabando expedientes. La revisión se centrará específicamente en los embargos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, un periodo en el que las finanzas públicas se vieron presionadas por diversas sentencias judiciales de carácter laboral.
Con esta apertura, el Poder Judicial reafirma su compromiso de no obstaculizar las investigaciones que buscan proteger los recursos de la nación y asegurar que la justicia laboral no sea utilizada como un mecanismo de drenaje injustificado del tesoro nacional.
