El antiguo canciller hondureño, Enrique Reina, enfrenta duras críticas tras salir a la luz que, en las últimas semanas de su gestión, validó una normativa para asegurar un pasaporte diplomático permanente. Esta disposición, que cobró vigencia legal tras su publicación en La Gaceta a mediados de 2025, no solo lo favorece a él, sino que crea un beneficio vitalicio para un grupo exclusivo de exfuncionarios y sus parejas, consolidando lo que diversos sectores denominan una «élite privilegiada».
La normativa estipula que quienes hayan presidido los poderes del Estado, así como exjerarcas de la Cancillería,conserven este rango de forma hereditaria y definitiva. Llama la atención que la aprobación se dio el 6 de mayo de 2025, apenas tres semanas antes de que Reina renunciara para unirse a la campaña política de Rixi Moncada. Este movimiento es visto por la sociedad civil como una maniobra de aprovechamiento personal y exceso de autoridad al utilizar el cargo para blindar intereses propios.
Juristas y colectivos ciudadanos han manifestado su rechazo, comparando esta medida con un sistema de «títulos nobiliarios» ajeno a una república democrática. La crítica principal radica en que el pasaporte diplomático debe ser un instrumento funcional para servidores en activo, y su concesión de por vida choca directamente con el artículo 60 de la Constitución, que consagra la igualdad ciudadana y prohíbe los fueros especiales.
Si bien es «legal», la realidad es que este movimiento por parte de Enrique Reina recae en lo antiético y el abuso de poder. ¿Cómo un funcionario aprueba un beneficio vitalicio a meses de renunciar a su cargo para ejercer una campaña política?
¿Por qué, señor Reina, lo hace a escasos meses de dejar el cargo? ¿Por qué usted debería tener beneficios que otros hondureños no tienen? ¿Por qué usted, que ni siquiera es diplomático de carrera, tendría un beneficio que embajadores y diplomáticos de décadas no poseen?
