Hoy reapareció ante los medios el consejero Marlon Ochoa, afirmando que existe una «persecución política» en su contra.Según sus declaraciones, esto se debe a que es el portador de «la verdad»; además, aseveró que ha recibido amenazas de muerte, Aseveraciones serias que, de no ser ciertas, podrían calificarse como difamación hacia las personas supuestamente involucradas en los «famosos audios de Ochoa».
La realidad es una: el consejero Ochoa intentó utilizar su firma como chantaje político, buscando retrasar el proceso de declaratoria oficial del CNE. El objetivo habría sido trasladar esa competencia al ahora expresidente ilegal del Congreso Nacional, Luis Redondo, conocido por seguir la voluntad del partido LIBRE, institución que logró apenas el tercer lugar en el proceso electoral.
Hoy no se le cuestiona por una «persecución política», sino por su actuar mediocre como funcionario público. Un consejero que debería garantizar estabilidad en el proceso electoral se convirtió en la principal herramienta del “PLR” para evitar que los resultados dieran paso a una transición pacífica.
Es el mismo consejero que, en diversas ocasiones, retrasó procesos clave debido a su permanente ausencia. Hoy no se le juzga por persecución; se le juzga por la utilización inadecuada de un cargo para favorecer a un partido que, por voluntad popular, ya no gobierna.
Marlon Ochoa cometió delitos y debe ser juzgado por ello. No importan sus argumentos teóricos porque, a la luz de la evidencia, deberá pagar por sus «caminos torcidos».
Todo parece indicar que busca autoprotegerse al ya no contar con la protección e impunidad que seguramente le prometió Manuel Zelaya para ser uno de sus leales peones. Ahora, tendrá que hacer uso de sus argucias individuales para defenderse, o al menos intentar hacerlo, en solitario.
