Es evidente que, en nuestro tiempo, la única forma legítima de gobierno es la democrática, aquella que se funda en la voluntad libre y expresa de los ciudadanos, renovada y refrendada periódicamente, con posibilidad de rectificación. Con una condición, que sea posible, efectiva, real, y que se den las condiciones necesarias para su ejercicio. Si no sucede así, se trata de una falsificación de la democracia, como ya hemos advertido antes, una democracia pervertida, que no es más que la forma más brutal de ilegitimidad.
El 30 de noviembre, los hondureños elegimos a un nuevo Presidente de la República, 128 nuevos diputados y 298 alcaldes municipales, en los 18 departamentos de nuestro país. Paradójicamente, Honduras quedó flotando entre la legitimidad y la ilegitimidad; elegimos a dos poderes en debida forma democrática, pero, por los períodos distintos, quedamos con dos órganos que nacieron en el marco de la ilegalidad: el Poder Judicial y el fiscal general, al ser electos en un ambiente lacrado por la ilegalidad de una directiva del Congreso Nacional que resulto de una imposición salvaje, producto de un asalto a mansalva, cuando el exdiputado Rasel Tomé, acompañado por una grulla de diputados radicales del PLR, desalojaron a los directivos que habían sido electos por el pleno del Congreso Nacional. En ese momento asumió la conducción del Congreso una directiva usurpadora, presidida por el tristemente célebre exdiputado Luis Redondo, juramentada por el mismo diputado Rasel Tomé, sin tener ninguna facultad legal, lo que envolvió con una doble factura de ilegalidad aquel acto bestial, totalmente ilegal e inconstitucional desde todo punto de vista.
Al tenor del artículo 3 de nuestra Constitución que establece que «nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o cargos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que la Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a la insurrección en defensa del orden constitucional». Por lo tanto, todo lo actuado por la junta usurpadora del Congreso Nacional que presidio durante cuatro años el exdiputado Luis Redondo, está viciado de nulidad. En resumen, tanto el Poder Judicial como el fiscal general están fuera del contexto constitucional, son ilegales y como tal, deben ser sustituidos por nuevos órganos que sean legalmente electos.
La legitimidad o ilegitimidad se dan en diversos grados, desde la plenitud de la legitimidad hasta su absoluta inexistencia, es decir hasta que surge el imperio de la total ilegitimidad, y decimos total porque la falsificación de la aparente legitimidad democrática, impide lo que la doctrina clasifica como legitimidad residual, que hace posible la convivencia, que es el caso del usurpador presidente Luis Redondo y su directiva, que durante cuatro años aparentaron actuar como una directiva legitima, aunque asumieron el poder producto de un asalto acompañado de una embestida.
Los romanos lo sabían muy bien: «las leyes sin las costumbres son vanas». Rasel Tomé creyó aquel mes de enero del 2022 que, bastaba con que la recua de directivos usurpadores asumiera, aunque a fuerza de empellones y golpes, el Poder Legislativo, sin embargo, faltaron a lo elemental: violaron la Constitución y el protocolo parlamentario que establece que quien da posesión a la junta directiva del Congreso es el ministro de Gobernación. Rasel Tomé y demas asaltantes pasaron por alto aquel día que el protocolo parlamentario, que son las costumbres de las que hablaban los romanos, fueron pisoteadas, y esto hizo doblemente nulo aquel acto grotesco que convirtió a Luis Redondo en un presidente usurpador que debe ser enjuiciado conforme el Código Penal.
Honduras no puede seguir en medio de la legitimidad del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y la ilegitimidad del Poder Judicial y el fiscal general. Hay porciones del mundo en que esto es particularmente claro, se puede estar en la legitimidad o se puede estar en la ilegitimidad, pero no se puede convivir en medio de ambas situaciones como estamos en Honduras en estos momentos. Ahora bien, en nuestro país, en nuestra época, no solo flaquean los principios, sino que hay organizaciones, grupos, partidos políticos, multiplicados por poderosos intereses dedicados a minar, desprestigiar, ridiculizar, todos los principios morales, hasta darle vida y fortaleza a lo ilegítimo, como ocurrió con el usurpador presidente del Congreso, Luis Redondo, a quien le rindieron trato de presidente electo, a pesar de que fue producto de una imposición brutal y arbitraria. Fue el pueblo electoral del Valle de Sula el que se encargó de darle su merecido a Redondo, con una patada en el mero trasero, negándole el voto, con lo cual Redondo resulto expulsado del poder por medios de los votos que no recibió. Fíjense bien los politicos que se están culipandeando y se están haciendo los rusos con el juicio politico contra Johel Zelaya, Luis Redondo, Marlon Ochoa, Roosevelt Hernández y la destitución del pleno del Poder Judicial.
Podría ser que, ante la evasiva actitud de los diputados del Congreso Nacional para no asumir la responsabilidad de llevar a juicio politico a los mencionados personajes que caen en la triste situación de antipatriotas, en las próximas elecciones la decisión del electorado hondureño sea la de ajustar cuentas enviando a la calle a todos los politicos que evaden hacer justicia por aquello de que «es mejor llevarse bien que confrontar» como si hacer justicia es cuestión de hacer migas con los violadores de la ley.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 24 de febrero de 2026.
