Los hondureños en general, pero especialmente la clase política que acaba de tomar las riendas del país, debemos estar conscientes que el Partido Libertad y Refundación (PLR), abandono la senda del Derecho Clásico y abrazo el uso alternativo del Derecho, que es la práctica populista empleada por los marxistas para engañar a los pueblos, haciendo un gobierno autoritario que somete a la nación a los intereses del poder. Estos cuatro años de gobierno de Xiomara Castro vivimos en medio de una profunda crisis espiritual y moral en que se perdió el sentido jurídico, el desprecio a las leyes y de manera especial la burla constante a la Constitución por parte del gobierno de Xiomara Castro y del PLR.
Fueron cuatro años en que, en Honduras, el Derecho agonizo asediado por la falsa ideología populista empleada por el PLR y por la mala política del gobierno de Xiomara Castro, que dejó destruida la economía de nuestro país. Cuatro años en que asistimos a la demolición del Estado de Derecho en Honduras. Tuvimos un Congreso Nacional dirigido por un presidente usurpador, que nos legó dos procuradores ilegales, un fiscal general y un Poder Judicial electos en forma inconstitucional, y que continúan en la misma condición hasta tanto no sean sustituidos.
La decisión adoptada por el Congreso Nacional, al limitar las facultades de la señora presidente de la Corte, Rebeca Raquel de Melara, por sus actuaciones autoritarias que excluían al resto del pleno, es apenas un parche remendón, más sin embargo es bueno, porque en estos momentos, el PLR sigue manejando el Poder Judicial y el fiscal general, y a través de la señora Rebeca de Melara y Johel Zelaya, el coordinador del PLR mantiene una cuota importante de poder que le permite urdir maniobras para desestabilizar al gobierno y al país. Para poner las cosas en su lugar, sostenemos que tanto el Poder Judicial como el fiscal general deben ser sustituidos, amparándose el Congreso Nacional en la justa razón de que, tanto el Poder Judicial como el fiscal general son dos partos que nacieron con la placenta contaminada por una directiva usurpadora del Congreso Nacional, impuesta a fuerza de patadas y empellones por un grupo de diputados radicales encabezados por el exdiputado Rasel Tome.
El único procedimiento posible para recuperar el Estado de Derecho, que por ahora está incompleto, es elegir un nuevo Poder Judicial y un nuevo fiscal general, conforme a Derecho, es decir, que ambos órganos sean electos por el pleno del Poder Legislativo. Como al menos, de momento parece que en el Congreso Nacional no hay intención de recuperar el pleno Estado de Derecho, porque los diputados están felices y contentos de sentarse en su curul, tenemos que decir que los electores, la opinión pública y la sociedad hondureña en general, no estamos conformes y que no descansaremos hasta que Honduras recupere el pleno Estado de Derecho. Por ahora, tenemos dos poderes legalmente electos: el Legislativo y el Ejecutivo, mas no el Poder Judicial y el fiscal general que continúan arrastrando la condición inconstitucional en que originalmente fueron impuestos.
¿Por qué si una parte del orden nacional está funcionando conforme a Derecho, permitimos que la otra parte (Poder Judicial y fiscal general) pueda seguir funcionando en el marco de la ilegalidad? Mas aun, cuando sabemos que esta fragmentación del Estado de Derecho le permite al PLR tener metidas las manos en decisiones fundamentales para el país, que emanan del Poder Judicial y del Ministerio Publico. El PLR intento quebrar el imperio de la ley de todas formas, primero, impidiendo que los hondureños votáramos en las Elecciones Primarias, y después, mediante un fraude montado con el aparato chavista de Venezuela, torpedear las Elecciones Generales y finalmente, evitar la declaratoria de los resultados.
Si todo esto no bastara para que la nueva clase política que nos gobierna entienda y tome conciencia que es urgente completar la recuperación del Estado de Derecho, entonces, nos toca a los electores, a las organizaciones de sociedad civil, a las iglesias y a la opinión pública en general, lanzarnos a la tarea cívica de exigir a los políticos en el poder que es la hora de la verdadera política, la que no debe permitir que las cosas funcionen a medias, como estamos ahora, con dos poderes legalmente constituidos, pero con un Poder Judicial y un fiscal general en situación inconstitucional, manejados directamente por el coordinador del PLR.
El derecho se convierte en un estorbo, en algo molesto que dificulta el correcto accionar del país, cuando los magistrados y los jueces son ennavajados por un líder que sigue tras bambalinas manejando el Poder Judicial y la fiscalía general para los fines de su proyecto politico en contra de los intereses del pueblo hondureño y en general en contra de Honduras. Porque, mientras el Poder Judicial y el fiscal general sigan al servicio de la causa del PLR, tendremos un aparato judicial y un fiscal general, no en la búsqueda de la justicia, sino en el trapicheo, al margen de la ley. No tendremos Poder Judicial ni fiscal general, lo que tendremos es «cambalache jurídico» al servicio del PLR.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 18 de febrero de 2026.
