El Congreso Nacional se convierte este martes en el epicentro de una de las reformas más polémicas de la actual administración.
El gobierno de Nasry Asfura socializará el tercer decreto de emergencia de su gestión: la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una pieza legislativa diseñada para intervenir de emergencia las finanzas públicas ante la asfixiante crisis fiscal.
Sin embargo, el punto que ha encendido las alarmas en el sector laboral es la facultad que el decreto otorga al Ejecutivo: la autorización de despidos de empleados públicos, tanto bajo modalidad de contrato como de plaza permanente.
Según el borrador de la ley, esta medida busca un «ajuste drástico y necesario» del gasto corriente para redireccionar recursos hacia el pago de la deuda y la reactivación productiva.
Un ajuste bajo la lupa legislativa
La iniciativa contempla una reestructuración profunda del aparato estatal, permitiendo la supresión de puestos de trabajo sin los procesos administrativos convencionales, amparándose en el estado de emergencia financiera.
Mientras el oficialismo defiende la ley como el único camino para evitar un colapso económico, las centrales obreras y la oposición ya anuncian una férrea resistencia ante lo que consideran un atentado contra la estabilidad laboral de miles de familias hondureñas.
