La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ha hecho un enérgico llamado al Congreso Nacional para que abandone cualquier rol pasivo y asuma su función de resguardo institucional. Según Castellanos, la Constitución otorga al Legislativo la facultad de activar el juicio político no como un castigo, sino como un mecanismo de defensa del Estado de derecho ante actuaciones que vulneren la norma suprema o el interés nacional.
Este planteamiento surge en un contexto de incertidumbre tras la crisis electoral de noviembre de 2025, caracterizada por irregularidades en el escrutinio y bloqueos institucionales. La directora del CNA sostiene que tanto la legislatura saliente como la actual comparten responsabilidad por las omisiones que profundizaron el conflicto, por lo que la nueva conformación del Congreso tiene el deber ético y legal de corregir el rumbo mediante la rendición de cuentas.
Finalmente, Castellanos advirtió que la estabilidad política no debe ser una excusa para la impunidad. Subrayó que la gobernabilidad auténtica solo se construye cuando se examinan las denuncias graves de negligencia o incapacidad en altos cargos. Omitir la activación del juicio político ante causas debidamente documentadas constituye, a su juicio, una decisión política con graves consecuencias para la solidez de las garantías democráticas en Honduras.
La figura del juicio político es una sombra que oscurece la gestión del fiscal general y del consejero Marlon Ochoa. Para diversos sectores, ellos son los principales responsables de la crisis electoral que sumió a Honduras en una constante ansiedad e incertidumbre. Hoy, autoridades, ciudadanos y los mismos congresistas hacen un llamado a tomar acciones contra los funcionarios que decidieron «estar por encima de la ley».
