La resolución acelerada de dos demandas laborales millonarias contra la Alcaldía de El Corpus, en Choluteca, encendió las alertas en el Poder Judicial. Ante esta situación, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizeth Raquel Obando, informó que ordenó a la Supervisión General investigar los procesos que superan los 63 millones de lempiras y que fueron conciliados en un plazo menor a un mes, sin haber sido conocidos previamente por los juzgados laborales.
La magistrada advirtió que este tipo de prácticas se ha repetido en distintas instituciones del Estado y podría tener un impacto negativo en las finanzas públicas. En ese sentido, indicó que se revisarán a detalle los expedientes y los mecanismos utilizados para autorizar estos pagos y que, de encontrarse irregularidades administrativas o posibles delitos, los casos serán remitidos al Ministerio Público.
Asimismo, subrayó que no se realizará ningún desembolso mientras no exista una sentencia firme y que la CSJ mantiene coordinación con el Poder Ejecutivo para frenar demandas laborales desproporcionadas.
