La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó un mensaje desafiante contra Estados Unidos, afirmando que “ya basta” de las órdenes de Washington. Sin embargo, sus palabras, pronunciadas en un acto con trabajadores petroleros en Puerto La Cruz, contrastan con la realidad de un país cuya política parece cada vez más condicionada por decisiones externas.
Rodríguez asumió el liderazgo interino tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en una operación estadounidense a principios de enero, un hecho que, lejos de fortalecer la autonomía venezolana, evidenció la capacidad de Washington para intervenir directamente en la dinámica interna del chavismo. Desde entonces, la mandataria interina ha intentado mantener la cohesión de las bases chavistas, pero su margen de maniobra se ve limitado por las exigencias de la Casa Blanca, que presiona para reactivar la producción petrolera en un país clave para la estabilidad energética global.
El presidente Donald Trump llegó a declarar que Estados Unidos “iba a administrar” Venezuela tras la detención de Maduro, una afirmación que desnuda la contradicción en el discurso de Rodríguez: mientras exige respeto a la soberanía nacional, su gobierno se sostiene en un escenario marcado por la tutela y vigilancia de Washington. El respaldo posterior de Trump a Rodríguez como presidenta encargada no elimina la percepción de que Caracas se encuentra bajo una suerte de administración indirecta.
La estrategia de Rodríguez parece moverse en un terreno ambiguo: marcar distancia de la idea de que Estados Unidos gobierna Venezuela, sin romper los canales de comunicación con la potencia que hoy condiciona su futuro político y económico. Este equilibrio, más que un ejercicio de soberanía, refleja la fragilidad de un país atrapado entre la necesidad de reafirmar su independencia y la presión de un actor externo que busca garantizar sus propios intereses.