La iniciativa de Ley de Empleo por Hora ha despertado un intenso debate en torno a la protección de los derechos laborales. El punto central de la discusión es que esta modalidad no puede convertirse en un mecanismo para precarizar el trabajo, sino que debe garantizar los beneficios ya establecidos en el Código de Trabajo.
La propuesta, tal como se plantea, abre la posibilidad de que los contratos por hora reduzcan derechos adquiridos como vacaciones, aguinaldo, décimo tercer mes, seguridad social y estabilidad laboral. Si estos beneficios se ven disminuidos, la ley sería considerada inconstitucional y atentaría contra la justicia social.
Los sectores laborales insisten en que cualquier normativa de empleo por hora debe incluir sanciones claras contra los empleadores que incumplan, además de mecanismos de supervisión efectivos. De lo contrario, se corre el riesgo de legalizar la explotación bajo la fachada de flexibilidad.
Aunque se argumenta que esta modalidad podría abrir oportunidades para jóvenes y personas en búsqueda de empleo, la crítica es que sin garantías sólidas solo generará trabajos temporales y frágiles, sin seguridad ni futuro.
El empleo por hora puede ser una herramienta útil para dinamizar el mercado laboral, pero únicamente si se construye sobre la base de derechos plenos. De lo contrario, se convierte en un retroceso que erosiona la dignidad del trabajador y debilita la protección constitucional.