El juicio político representa un mecanismo constitucional diseñado para remover a altos funcionarios públicos por causales graves, como actuaciones contrarias a la Constitución, al interés nacional, negligencia manifiesta, incapacidad o incompetencia en el cargo. Incorporado en 2013 mediante la reforma al Artículo 234 de la Constitución Política de Honduras y regulado por la Ley Especial de Juicio Político (Decreto 51-2013), este procedimiento es estrictamente político y no penal, limitándose a la destitución del puesto sin perjuicio de otras responsabilidades civiles, administrativas o criminales. A pesar de su existencia por más de una década, nunca se ha aplicado con éxito en el país, quedando en intentos fallidos por falta de mayorías políticas o consenso, incluso en casos de alta tensión como debates contra presidentes o magistrados en años recientes.
En este sentido, el juicio político aplica exclusivamente a servidores públicos específicos, según el Artículo 234 constitucional y el Artículo 3 de la Ley Especial: el Presidente de la República y sus Designados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso Nacional y del Parlamento Centroamericano, corporaciones municipales (alcaldes y concejales), y todos los funcionarios electos directamente por el Congreso Nacional. Para proceder a la destitución, se requieren mayorías calificadas: tres cuartas partes del Pleno (96 de 128 diputados) en el caso del Presidente, tanto para iniciar el proceso como para aprobar la remoción; y dos tercios (86 de 128 diputados) para los demás funcionarios mencionados.
Por su parte, el derecho a la defensa está plenamente asegurado en la Ley Especial, que en su Artículo 1 y en los procedimientos de los Artículos 12 al 14 establece garantías como notificación inmediata al acusado dentro de 48 horas, un plazo de 5 días para presentar descargos, pruebas y testigos, y la oportunidad de una audiencia oral ante la comisión investigativa y el Pleno del Congreso (hasta 4 horas en total), permitiendo contradecir acusaciones y evacuar evidencia en un marco de debido proceso político, aunque la ausencia del enjuiciado no detiene el avance.
Funcionarios vinculados al partido Libre podrían enfrentar procesos de juicio político, entre ellos el fiscal general, Johel Zelaya, y el consejero del CNE, Marlon Ochoa, luego de que sectores de oposición han exigido su aplicación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, siempre que se acrediten causales graves y se alcancen las mayorías calificadas requeridas en el Pleno del Congreso Nacional.