A 17 días de entregar el poder, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro concretó lo que sectores políticos califican como un “autogolpe”, al sancionar un decreto legislativo que ordena un escrutinio electoral y que fue aprobado sin quórum legal por el ala oficialista del Congreso Nacional, encabezada por el presidente ilegal, Luis Redondo.
Apenas 24 horas después de su cuestionada aprobación, el decreto fue ratificado por el Ejecutivo y publicado la noche del viernes 9 de enero de 2026 en el Diario Oficial La Gaceta.
La iniciativa fue avalada en una sesión celebrada el jueves, integrada mayoritariamente por diputados propietarios y suplentes del partido Libertad y Refundación (Libre), con el apoyo de la diputada suplente liberal Mireya Guillén y los diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), Osman Chávez y Tomás Ramírez.
Además de ordenar el escrutinio, el decreto elimina la facultad de hacer la declaratoria final del proceso electoral y plantea que el Ministerio Público inicie acciones penales contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, lo que ha intensificado la polémica y las denuncias de ruptura del orden constitucional.
