El juez a cargo del caso decidió suspender hasta el 8 de septiembre la audiencia inicial del diputado nacionalista Nelson Márquez y otros imputados, acusados por el Ministerio Público (MP) de cometer fraude contra el Estado por un monto de 3,084 millones de lempiras.
Según el requerimiento fiscal, los señalados habrían participado en demandas ilegales relacionadas con un contrato adjudicado en 2000 a la empresa estadounidense DRC Inc., tras el huracán Mitch, que subcontrató de forma irregular a NAINSA, una compañía sin autorización para operar en Honduras. Todos los imputados, incluido Márquez, se encuentran bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.
El MP detalla que, tras la cancelación de la ayuda internacional en 2001 por inconsistencias en el contrato, DRC Inc. y NAINSA promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral no homologado por la Corte Suprema de Justicia. En 2020, Márquez, entonces secretario de Sedecoas, habría recomendado un acuerdo extrajudicial para evitar una “erogación mayor”, lo que llevó a la firma de un convenio con NAINSA para pagos millonarios al margen de los procesos judiciales.
La suspensión de la audiencia inicial prolonga la incertidumbre en este caso de alto perfil, que pone en evidencia presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos en Honduras.