De entrada, tenemos que decirle al pueblo hondureño y a todos los sectores del país, que no procede ningún requerimiento fiscal contra las concejales Cossette López y Ana Paola Hall, en su condición de funcionarias electas por el Congreso Nacional, por acciones realizadas en el cumplimiento de su deber, como es el caso de las Elecciones Primarias del pasado 9 de marzo. Lo que aplica aquí, si se demostrara que ese fuera el caso, es la Ley del Juicio Político, porque el requerimiento fiscal solo se aplica a los delitos de orden común. Si el fiscal general Johel Zelaya llegara a librar requerimientos fiscales contra las concejales Ana Paola Hall y Cossette López, cometería un delito flagrante que lo haría objeto de una demanda para deducirle responsabilidades.
Hechas las consultas con expertos del Derecho, concluimos que un requerimiento fiscal solo se puede dar en los casos en que exista una conducta que no tenga nada que ver con el ejercicio de las funciones de las concejales, en las que haya razones para deducir responsabilidades por cometer delitos de orden común, como un homicidio, una violación, estafa, hurto, robo, etc… Si el fiscal general creyera que las concejales son merecedoras de un proceso, entonces debe guiarse por la Ley del Juicio Político, el que debe ser planteado ante el Congreso Nacional, donde el caso debe ser conocido y resuelto por el pleno del Poder Legislativo.
El fiscal Johel Zelaya debe saber que, en el caso de funcionarios como las concejales del CNE, por ser electas en el Congreso Nacional, si se les quiere deducir alguna responsabilidad por supuestas acciones de índole política, lo que procede es una denuncia en el desempeño de su cargo solo ante el Congreso Nacional, que es el órgano del Estado con autoridad y capacidad para declarar si hay o no responsabilidad de los funcionarios imputados. Esto es así, porque dadas las altas responsabilidades de las concejales Cossette López y Ana Paola Hall, la ley previene evitar que se acuse a funcionarias como las concejales López y Hall, solo por razones políticas para apartarlas de sus cargos y responsabilidades, que es lo que pretende el PLR, usando al fiscal general Johel Zelaya, que ha demostrado ser un funcionario al servicio del Gobierno de Libertad y Refundación.
En estos momentos, cuando el Gobierno del PLR instrumentaliza al Poder Judicial y al fiscal general, podría usar esta situación con mala intención, por lo que, es importante aclarar que cualquier denuncia de responsabilidad contra las concejales Cossette López y Ana Paola Hall es al Congreso Nacional al que compete conocer y decidir si existe o no alguna responsabilidad de ambas. Sobre estos aspectos la Comisión de la Verdad recomendó que en estos casos, donde salta a la vista que hay un marcado interés político del Gobierno del PLR por hacerse del control del CNE, de haber alguna denuncia contra funcionarios de este concejo, debe plantearse en el Congreso Nacional, conforme los artículos 205, numeral 15 y 234 de la Constitución de la República, en base a la Ley del Juicio Político, en cuyo artículo 3 se establece que funcionarios son sujetos de responsabilidad.
El fiscal general, en su condición de abogado, debe saber que legalmente no cabe que a las concejales Cossette López y Ana Paola Hall se les libre requerimiento fiscal, porque cualquier acto de su parte que se relacione con sus obligaciones, funciones y responsabilidades, solo cabe en el ámbito del juicio político, que debe plantearse en el Congreso Nacional, donde el pleno de este poder del Estado es el que debe decidir si procede o no el juicio político. Esta recomendación que con gran sabiduría hizo la Comisión de la Verdad, es para evitar la discrecionalidad en la imputación, como es la intención del Gobierno del PLR que busca controlar el CNE.
El objetivo de todo lo anterior es fortalecer la institucionalidad que en los actuales momentos esta debilitada por la intromisión del Gobierno de Libertad y Refundación, que ha logrado apoderarse de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Publico y otras instituciones que actúan instrumentalizadas a beneficio del gran interesado, que es el Gobierno del PLR, que tiene a su servicio tanto al fiscal general del Ministerio Público como a la mayoría de los magistrados del Poder Judicial. Mi conclusión: conforme la Constitución de la República no cabe ningún requerimiento fiscal contra las concejales López y Hall.
Si el Partido PLR insistiera en este despropósito inconstitucional, el Gobierno de la Presidente Xiomara Castro cometería un delito de graves consecuencias legales. El Gobierno del PLR caería en la penosa situación de convertirse en un gobierno golpista.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 27 de junio de 2025.