
Tegucigalpa, Honduras
Los defensores de derechos humanos, opinaron que en la intervención de las prisiones se estarían violentando derechos de los privados de libertad.
El director de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), coronel Fernando Muñoz declaró que la operación denominada «Fe y Esperanza» no se debe relacionar con las medidas aplicadas en El Salvador.
“Solicito a los defensores de derechos humanos que dejen trabajar a la PMOP”, señaló el director de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fernando Muñoz.
Se continuará con la intervención de las primeras tres cárceles del país, con las que el lunes se inició la operación en la Penitenciaria Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde se registraron 46 muertes de las féminas, en Támara; y la de Morocelí, en El Paraíso.
Por esta situación, le solicitamos a los derechos humanos hagan su trabajo que para eso les pagan, pero que no intervengan con el trabajo de la PMOP.
El castrense indicó que la Policía Militar, trabajara bajo las instrucciones de la presidente hondureña, para tener el control de las 25 cárceles del sistema penitenciario en Honduras.
Debido a que las cáceles han sido controladas, por las maras, pandillas, pero que la intervención de la Penitenciaría Nacional dio inicio desde ayer, en el módulo con los presos que son miembros de la pandilla Barrio 18, a los que movilizaron a un patio de la prisión esposados, con las manos hacia atrás y con ropa interior.
Así mismo, el coronel explicó que en los módulos fueron hallados fusiles, pistolas, cargadores, municiones, teléfonos móviles y otros.
Y que los privados de libertad fueron sentados en el piso bajo vigilancia de policías militares, en una operación.
Pero que es de suponer que si en el primer módulo fue hallado un arsenal, también hay más armas en los otros módulos controlados por las maras.
Por esta razón, la presidente hondureña ordenó que la Policía Militar asuma el control de todas las prisiones en el país.
La presidente Xiomara aclaró que Policía Militar espera reclutar, capacitar y formar 2,000 nuevos custodios, para las cárceles en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP).