La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha anunciado a través de un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter) su decisión de ordenar al canciller Enrique Reina la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos. Castro justifica esta medida como una respuesta a lo que considera una «injerencia y la intervención» por parte del país norteamericano, así como un intento de la Embajada de EE.UU. y otros representantes de dirigir la política hondureña. La mandataria califica la intervención estadounidense como «intolerable», argumentando que vulnera los principios del derecho internacional y la soberanía nacional consagrada en la Constitución de Honduras.
El anuncio de Castro llega en un contexto de tensión diplomática, exacerbado por las recientes críticas de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu. Dogu expresó su sorpresa y preocupación por la reunión entre funcionarios hondureños y el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, a quien calificó de «narcotraficante». En respuesta, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, tildó las declaraciones de Dogu de «ataque hipócrita y cínico». La decisión de Castro también está vinculada a las reformas constitucionales de 2012 que permitieron la extradición de hondureños por delitos graves como tráfico de estupefacientes y criminalidad organizada. Según el analista Rafael Jerez, la terminación del tratado requeriría una notificación previa de al menos seis meses por parte de cualquiera de las partes involucradas.