
Tegucigalpa
A través de un comunicado la bancada del Partido Nacional, señala como un acto de soberbia, autoritarismo y envuelto en absoluto irrespeto al elemental derecho humano a la protesta, la amenaza realizada por la presidenta Xiomara, en sancionar a las personas que protestaron en Choluteca.
El escrito señala lo siguiente:
En un acto de soberbia, autoritarismo y envuelto en absoluto irrespeto al elemental
derecho humano a la protesta, la presidenta Xiomara Castro amenaza a las personas que
salieron a protestar en la ciudad de Choluteca. Ante este hecho insólito y repudiable, la
Bancada del Partido Nacional de Honduras, ante la comunidad nacional e internacional, se
pronuncia en los siguientes términos:
1.- La presidenta Castro convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y amenaza
con tomar represalias por un simple ejercicio democrático y ciudadano de protesta de
hondureños de la zona sur, que se oponen a la injusta ley fiscal. Sin embargo, y
paradójicamente cuando los colectivos violentos de Libre se toman los Centros de Salud y
Hospitales durante semanas, violentando el fundamental derecho humano a la salud, la
señora Castro de Zelaya, no hace ni dice absolutamente nada.
2.- Querer imponer una legislación tributaria a la fuerza, sin dialogo con los verdaderos
generadores de empleo, amenazando con el uso de la fuerza a los que se oponen
pacíficamente a los dictados autoritarios, no es más que el inicio del verdadero régimen
totalitario de izquierda, que es el proyecto político de Libre.
3.- La Bancada del Partido Nacional hace una llamado a la presidenta Xiomara Castro
Sarmiento, para que abandone su militancia en Libre, gobierne para todos los hondureños,
y deje en el pasado su resentimiento y odio acumulado desde 2009.
4.- La Constitución de la Republica establece en los artículos 78 al 81, el derecho de los
ciudadanos a manifestarse pacíficamente para defender o reclamar sus principios y
derechos. Ninguna autoridad civil, policial o militar está por encima de la Carta Magna y de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Violentar esos preceptos implica un
delito.