Tegucigalpa, Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó este miércoles 24 de mayo de 2023 un estudio llamado «Concentración de poder», donde da a conocer los vínculos familiares entre funcionarios y servidores públicos en el gobierno de la presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, junto a su esposo el expresidente y actual coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya a la cabeza.
Según detalló el CNA en su cuenta de Twitter, «el poder gubernamental ha sido acaparado por una sola familia, al ser electa como presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro , quien ha permitido que su núcleo familiar ocupe cargos importantes».
En el informe, el CNA señaló que a causa del nepotismo en el gobierno de Castro Sarmiento, los efectos y las consecuencias radican en el quebrantamiento del Estado, la falta de democracia; la existencia del clientelismo y el nepotismo y la corrupción.
Agrega que los puestos estratégicos y de los que se requiere un contrapeso están dirigidos por miembros de la misma estructura política y por miembros de su misma familia, “ocasionando el acaparamiento institucional por una minoría”, puesto que los tres poderes del Estado y demás instituciones están alineadas “a la misma idea de pensamiento del Poder Ejecutivo”.
Su escrito además señala que se “está encaminado a repetir la misma historia del pasado, la cual lesionó los intereses de la ciudadanía, ya que aquellas prácticas que se criticaron con tanto ímpetu están siendo trasladadas para el funcionamiento de la nueva administración».
“Lo que en el pasado fue objeto de crítica, hoy forma parte de la nueva filosofía, visto que, en el término de un año y cuatro meses, no han cumplido lo que prometieron. Aún se encuentran vigentes los decretos de impunidad, aún continúan colocando en puestos del Gobierno a familiares y a personas que no cumplen con los requisitos exigidos por ley”, señaló.
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El CNA concluyó en que el nepotismo como mecanismo de concentración del poder constituye “una práctica inapropiada y lesiva” en la administración pública, pues “suprime los principios de igualdad e idoneidad en la selección de quienes ocuparán los puestos del Gobierno”.