Tegucigalpa, Honduras
El Poder Judicial reveló qué organizaciones de sociedad civil podrán integrar la Junta Proponente para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público.
Tras que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel convocó a la integración de la Junta Proponente, se generó una incertidumbre de quién representará a las organizaciones de sociedad civil.
Sin embargo, se pensó que solo la Alianza por la Paz y Justicia (APJ) podría integrar la Junta Proponente, como había quedado establecido en un artículo de la Ley del Ministerio Público.
No obstante, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte indicó que ese artículo fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, mediante la sentencia SCO-0623-2013 del 22 de noviembre de 2016.
«El poder del Estado dejara en claro lo que estableció en la sentencia, mediante la que la Sala de lo Constitucional permitió que todas las organizaciones de sociedad civil puedan aspirar a ser parte de la Junta Proponente», detalló Duarte.
Convocando varias entes entre ellas: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a las universidades privadas, al Colegio de Abogados de Honduras (CAH), a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y a la designación de un representante de las organizaciones de sociedad civil.
A la vez sugirió a las alianzas y coaliciones de sociedad civil celebrar una asamblea y, con mayoría de votos, elegir a su representante.
Sin embargo, la CSJ estableció el 22 de mayo como fecha límite para presentar las acreditaciones de los representantes.
La Junta Proponente evaluará a los postulantes y remitirá una nómina de cinco candidatos y candidatas al Congreso Nacional, con un mínimo de 86 votos, se elegirá al fiscal general del período 2023-2028.
Debido a que el fiscal general, Óscar Chinchilla, terminará su periodo constitucional el próximo 31 de agosto.