OACNUDH hizo un llamado al gobierno, para proteger vida de los presos y reformar sistema penitenciario

Tegucigalpa, Honduras

La OACNUDH reprobó las acciones en contra de 46 mujeres que perdieron la vida de manera violenta en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

También hizo un llamado a las autoridades para redoblar la seguridad en las cárceles, y la vez proteger la vida e integridad física de los privadas de libertad.

En un comunicado, dio a conocer que recibió información que decenas de mujeres fueron víctimas mortales de un incendio, así como de heridas de bala y por arma blanca.

“El gobierno es el responsable de dar seguridad e integridad de los presos que están bajo su custodia, debido a la vulnerabilidad de las mujeres, por esta razón se tiene la necesidad de acelerar una reforma penitenciaria que involucre a los tres poderes del Estado”, lamentó la representante de OACNUDH, Isabel Albaladejo.

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) detalló que albergaba 916 mujeres, pero que son 46 muertes las cuales representarían un 5 % de las privadas de libertad de ese centro.

Es preocupante este lugar tengan una escasez de agentes de seguridad penitenciaria, ya que PNFAS contaría únicamente con 52 uniformados, pero que es una cantidad insuficiente para garantizar la seguridad.

Por dicha situación el ente indicó que es necesario una comunicación fluida y transparente por las autoridades y den respuesta de lo sucedido con los familiares de las fallecidas y que se garantice una investigación exudativa.

La organización consideró fundamental que el Estado se enfoque en aplicar métodos de seguridad dinámica en todos los centros y de manera simultánea, permitan el levantamiento de alertas tempranas de riesgos, la adopción de medidas preventivas necesarias y aplicación de protocolos de emergencia que resguarden la vida e integridad de las personas.

OACNUDH concluyó que las estructurales del Sistema Nacional Penitenciario, no son las adecuadas, por la falta de espacio físico, la falta de seguridad y las malas condiciones en materia de salud, educación y sanidad. Sin acciones integrales, abordajes civiles especializados y mayores recursos materiales y humanos, para la repetición de graves violaciones a los derechos humanos.