Tegucigalpa, Honduras.
Con el objetivo de proteger la seguridad de los hondureños, el Congreso Nacional aprobó la «nueva ley de escuchas» telefónicas, que permitirá regular el uso de la telefonía en Honduras.
La polémica ley ya comenzó a generar diversas opiniones de varios congresistas, inclusive de las mismas autoridades de la Secretaría de Seguridad, pues el artículo 23 del proyecto establece la obligación para los operadores y sub-operadores de telecomunicaciones de entregar el historial de comunicaciones enviadas por intranet y a otras redes en menos de 24 horas, cuando así lo requieran la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público o el Poder Judicial.
Según indicó el Congreso Nacional, los historiales que podrían ser requeridos incluyen los «registros de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto cursados de terminal a terminal o cursados vía internet, registros de ocupación de direcciones IPs, así como otros tipos de registros de servicios de telecomunicación que a futuro se implementen».
El objetivo principal de esta iniciativa, según el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, es aplicar esta medida cuando se presenten casos graves como secuestros, privación de libertad o agresiones sexuales, dado que ese fue el acuerdo que se hizo con Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
A criterio del funcionario, no debe de haber preocupación en lo absoluto sobre la privacidad de las personas, pues aseguró que en ningún momento se accedería a datos personales o íntimos de las personas a menos que sea necesario.
Agregó que con esta ley se busca contar con un mecanismo que permita acceder a información relevante para casos de extrema gravedad, como los mencionados, y facilitar la identificación de posibles depredadores sexuales, especialmente en situaciones que involucren a menores de edad.