La jornada electoral del 9 de marzo en Honduras dejó dudas sobre la estabilidad democrática del país, según la socióloga Julieta Castellanos. A pesar de que el proceso no fue completamente frustrado, las irregularidades detectadas, como la falta de material electoral en múltiples centros de votación desde la madrugada y el hallazgo de autobuses con boletas sin custodia en zonas clave de Tegucigalpa, han generado sospechas sobre un posible intento de sabotaje. Mientras tanto, el partido Libertad y Refundación (Libre) mostró un crecimiento del 52 % según sus declaraciones, aunque los datos oficiales reflejan un aumento más moderado de apenas 103,662 votos en comparación con 2021.
El desarrollo del proceso también evidenció que en departamentos clave como Francisco Morazán y Cortés, el oficialismo fue superado por el bipartidismo tradicional, con candidatos del Partido Nacional y el Partido Liberal obteniendo más marcas que los postulantes de Libre. Frente a estos resultados, la reacción de algunos sectores del partido gobernante fue de descalificaciones y victimismo, en lugar de aceptación serena. La incertidumbre persiste con teorías que sugieren la posibilidad de judicializar el proceso o incluso prolongar el periodo electoral, lo que abriría la puerta a una eventual reelección de Manuel Zelaya Rosales. En este contexto, Castellanos concluye que Honduras requiere reformas electorales profundas para evitar que estas crisis debiliten aún más su democracia.
