Tegucigalpa, Honduras.
Luego de que la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, mostrara su preocupación por los recientes actos de violencia suscitados en la capital hondureña por la elección de los nuevos fiscales y la reanudación de sesiones legislativas, el gobierno de Honduras, a través de la Cancillería, rechazó todo tipo de intromisión por parte de Norteamérica.
Fue el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, quien usó sus redes sociales y respondió a la embajada que la elección del fiscal general interino, Johel Zelaya y adjunto, Mario Morazán, se llevó a cabo de acuerdo con la ley.
“Condenamos toda forma de violencia y el intento de manipular los hechos por la oposición. Rechazamos la intromisión en un asunto soberano interno, ya que la decisión de la Comisión Permanente del Congreso Nacional de nombrar a fiscal y fiscal adjunto internos se hizo legalmente conforme a los artículos 207 y 208 de la Constitución”, escribió en la red social X, antes conocida como Twitter.
El funcionario agregó que dichos artículos contemplan la instalación de la Comisión Permanente y su facultad para elegir funcionarios interinos cuando existe “falta absoluta” en el cargo.
Además, manifestó que es “inaceptable” tener una visión parcial promovida por la oposición que antes estuvo en el Gobierno y, según él, minaron la impunidad y la corrupción, además de abusar del poder y violar la Constitución.
Y es que la embajada norteamericana en Tegucigalpa, indicó mediante sus redes sociales que apoyaba la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre su condena hacia los hechos de violencia suscitados en el Congreso Nacional.
La CIDH llamó a todas las fuerzas políticas a establecer un diálogo constructivo, digno de una democracia representativa, para elegir al fiscal general y adjunto de acuerdo con la legislación nacional y el debido proceso.
Además indicó que el proceso de selección de titulares del MP debe ajustarse a los estándares internacionales, al ser cargos cruciales para la investigación de delitos, la lucha contra la impunidad y la vigencia de los derechos humanos.
A su condena, también se sumó la del gobierno estadounidense, quien aseguró que «la decisión de elegir a un nuevo fiscal general y adjunto por una minoría legislativa socava la confianza en la democracia representativa, tal como se expresa en la Carta Democrática Interamericana».