El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, defendió la decisión de retirar las armas reglamentarias a los oficiales de las promociones 28, 29 y 30, explicando que se trata de una medida administrativa derivada de la falta de armamento suficiente. Según Hernández, el aumento en el número de oficiales graduados en los últimos años ha generado una mayor demanda de armas, lo que ha llevado a la redistribución de los recursos. Destacó que, anteriormente, la graduación de oficiales era mucho menor, por lo que no existían problemas en el suministro de armamento.
El general también aclaró que los oficiales en cargos administrativos, quienes no requieren un arma reglamentaria, han sido instruidos para entregarlas a los oficiales operativos. A pesar de las críticas y especulaciones que apuntan a un posible temor dentro de la cúpula militar, Hernández desestimó estas acusaciones y reafirmó que la medida no responde a cuestiones de seguridad interna, sino a una solución logística y económica implementada desde hace años para evitar costos adicionales al Estado.
