El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), ha presentado un requerimiento fiscal contra los exmagistrados Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, quienes integraron la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante el periodo 2016-2023. Los exmagistrados están acusados de prevaricato judicial por emitir una sentencia contraria a la ley en marzo de 2022, con el fin de favorecer a instituciones bancarias demandadas por una empresa privada en un caso que involucra $159,810,071.30. La acusación se basa en irregularidades que se remontan a febrero de 2016, cuando el Pleno de la CSJ ordenó devolver el expediente a la Sala de lo Civil para su resolución, a pesar de que el Pleno debe actuar como instancia definitiva cuando un caso no es resuelto por unanimidad en la Sala anterior.
Las investigaciones indican que el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández ejerció influencia sobre el Pleno para que los recursos de casación fueran conocidos y resueltos por su propia Sala, evidenciando un interés particular en el caso. El 22 de marzo de 2022, junto a los magistrados Méndez Romero y Alvarado Moreno, Hernández formalizó la ilegalidad al emitir una sentencia unánime que absolvió a las instituciones bancarias demandadas, comprometiendo así la imparcialidad y la confianza en el sistema judicial.