Amnistía Internacional pide el retiro de militares de las cárceles porque son “políticas violatorias de derechos humanos”

Tegucigalpa, Honduras.

En las últimas horas, el organismo Amnistía Internacional, aseguró que el gobierno de Honduras, al igual que el de El Salvador, está imitando “políticas violatorias de derechos humanos” en los centros penales de Honduras.

«Amnistía Internacional observa con preocupación la reacción del gobierno de Xiomara Castro frente al
constante aumento de homicidios en Honduras y el asesinato de al menos 46 mujeres en un reclusorio en el mes de junio. El uso de fuerzas de seguridad militarizadas y la suspensión de derechos en estos
contextos en la región centroamericana ha derivado en violaciones a los derechos humanos, como muertes de personas bajo custodia del Estado, detenciones arbitrarias, malos tratos, violaciones al debido proceso, discriminación, restricciones al ejercicio de la libertad de expresión e incluso en crímenes de derecho internacional, como tortura y desapariciones forzadas de personas»,
describe un comunicado de Amnistía Internacional.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el organismo solicitó que se retiren a los militares de las tareas de seguridad dentro de los centros penitenciarios de Honduras.

Además, aseguró que, en caso de darse algún tipo de violaciones contra los derechos de los prisioneros, deben hacerse las investigaciones pertinentes, pues a su criterio, “el uso de fuerzas de seguridad militarizadas y la suspensión de derechos, en estos contextos, deriva en violaciones a los derechos humanos”.

En ese sentido, Amnistía Internacional mostró su preocupación por las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la vigencia de los estados de excepción o toques de queda decretados en Honduras.

“Tomando en cuenta la participación de fuerzas militarizadas como la PMOP en tareas de seguridad pública, una institución que organismos y organizaciones de derechos han denunciado con frecuencia por el uso excesivo de la fuerza”, cita un comunicado del organismo publicado en Twitter.

Ante la situación, la entidad considera que debe de retirarse de manera urgente el uso de militares dentro de las cárceles y continuar con la seguridad pública y brindó una serie serie de consejos para el gobierno hondureño.

En base al contexto y los estándares de derechos humanos arriba mencionados, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades hondureñas a:

  • Tomar medidas inmediatas para garantizar un retiro ordenado de las fuerzas militarizadas de las labores de seguridad pública y continuar con el proceso de fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional.

  • Redoblar los esfuerzos para combatir con las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y discriminación. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el disfrute pleno de los derechos económicos sociales y culturales.

  • Revisar la idoneidad de las medidas recientemente implementadas relativas al estado de excepción y los toques de queda garantizando los principios de necesidad y proporcionalidad, así como seguir todos los procedimientos, incluyendo notificaciones oficiales a la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.

  • Disponer de salvaguardas efectivas para prevenir cualquier violación a los derechos en contextos de
    estados de excepción o toques de queda, incluido garantizar los derechos de las personas al acceso a asistencia legal, al debido proceso y a un trato justo, y que no haya discriminación alguna por motivos prohibidos por el derecho internacional.

  • Garantizar investigaciones inmediatas, imparciales, independientes y efectivas por parte de tribunales ordinarios, toda vez que se sospeche el abuso en el uso de la fuerza por agentes públicos, incluidos los casos que tengan como resultado muertes, detenciones arbitrarias y trato cruel, inhumano o degradante; y adoptar medidas para garantizar la plena cooperación de las fuerzas armadas en estas investigaciones a cargo siempre de tribunales civiles ordinarios.

  • Garantizar la vida y la integridad de las personas en situación de reclusión y de toda la población e
    investigar los sucesos registrados en la prisión de Támara y todos los homicidios para que las personas supervivientes y sus familias de las víctimas sepan la verdad y obtengan justicia y reparación.