Tegucigalpa, Honduras.
La Sala I del Tribunal de Sentencia reprogramó la lectura de fallo de sentencia en el juicio contra el excapitan de las Fuerzas Armadas de Honduras, Santos Orellana, su esposa y suegra para el día miércoles 14 de junio a las 2:00 de la tarde.
A Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, el Ministerio Público los acusa por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Pese a que la resolución de sentencia estaba programada para este jueves 08 de junio, el Poder Judicial notificó que se agendaba la lectura del fallo la próxima semana sin explicar la causa de la reprogramación.
Antecedentes
De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás, el excapitán realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
Del mismo modo, Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA. Asimismo, en escuchas telefónicas se comprobó que éste negociaba entregas de drogas luego que era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.
Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) no es coherente con lo declarado, existiendo una clara relación entre el lavado de dinero y el narcotráfico.
Para el Ministerio Público la conducta precedente al lavado es la disposición de dineros provenientes del narcotráfico.