El primer ministro británico, Keir Starmer, heredó un sistema penitenciario al borde del colapso, resultado de décadas de políticas de mano dura de gobiernos anteriores. En un intento por aliviar la presión, el Gobierno anunció la liberación de 1.100 reclusos que habían cumplido el 40% de sus condenas, sumándose a los 1.700 liberados en septiembre. Estos individuos no estaban implicados en crímenes violentos ni en delitos graves, pero la decisión ha generado inquietud en la población. Para abordar la preocupación pública, la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, presentó un plan de reforma del sistema penal, destacando la necesidad de diversificar las sanciones y fomentar la rehabilitación de los presos.
Con una población carcelaria de 87.465 reclusos y solo 1.671 plazas disponibles, el Reino Unido se enfrenta a un desafío inminente. El Gobierno proyecta liberar hasta 5.500 reclusos, aunque tras errores anteriores, como la liberación de condenados por malos tratos, se adopta un enfoque más cauteloso. La mayoría de los reclusos liberados provienen de “cárceles abiertas”, donde se les permite más autonomía en su proceso de rehabilitación. Mientras el antiguo Gobierno conservador evitó esta decisión por miedo a las repercusiones electorales, el nuevo equipo ha tenido que asumir la difícil tarea de manejar una crisis que requiere soluciones drásticas y urgentes.