Entre 2016 y septiembre de 2024, 248 defensores del medio ambiente han perdido la vida en Colombia debido a su oposición a las economías extractivas, la deforestación y la explotación de recursos hídricos, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La mayoría de las víctimas, 139 de ellas, pertenecen a pueblos indígenas, lo que resalta el riesgo que enfrentan estas comunidades en la defensa de su territorio. El informe indica que el 66% de los asesinatos fueron perpetrados por grupos armados ilegales, mientras que el resto implicó a actores como particulares, grupos de interés económico y la fuerza pública.
El caso de Phanor Guazaquillo Peña, un líder indígena de la comunidad Nasa Kwe’sx Kiwe, ilustra esta crisis. Guazaquillo fue atacado en diciembre de 2023 durante un funeral, tras haber denunciado la contaminación de fuentes hídricas por la explotación de hidrocarburos. Su asesinato fue atribuido a un grupo armado disidente, lo que pone de manifiesto la violencia sistemática contra quienes defienden el medio ambiente en Colombia. A pesar de que la fiscalía ha logrado sentencias en 30 casos, casi un centenar aún se encuentra en la fase de indagación, lo que refleja la impunidad que rodea estos crímenes y la urgente necesidad de proteger a quienes arriesgan sus vidas por la defensa del entorno.