Las acciones emprendidas por la UFERCO del Ministerio Publico, para escudriñar los supuestos malos manejos de fondos públicos por diputados nacionalistas, confirman que la Fiscalía General mantiene la preocupación en un solo sentido, y que, intencionalmente se hace de la vista gorda para ignorar, adrede, todo lo malo que se ha hecho en el primer poder del Estado a partir de 2022, desde la elección arbitraria de una directiva que actuando en usurpación de funciones, ha cometido delitos en cascada, que ameritan la intervención del Ministerio Público, incluyendo el manoseo de fondos públicos para favorecer a los diputados del gobernante PLR.
En el Ministerio Público no hay concepto del balance como no conocen en lo mínimo que es la balanza. La forma en que los elementos de UFERCO intervinieron en el Congreso, deteniendo por escasas horas a René Adán Tome, asesor legal del diputado Luis Redondo, deja la impresión de que todo fue un espectáculo circense, montado para crear la idea en la población que el Ministerio Público no perdona ni a los del PLR, pero, como ninguna farsa es perfecta, el hecho de efectuar la detención, mientras Luis Redondo estaba de paseo, confirma que la orden recibida para detener por horas al asesor legal de Redondo, fue con el deliberado propósito de crisparle los nervios a un chivo expiatorio de quinta categoría, a quien el único daño causado es haberle manchado su expediente ciudadano, por haber sido detenido por la policía, fichado y liberado dos horas después.
Está muy claro que el Ministerio Público cumple órdenes para sembrar el nervosismo en los nacionalistas, contra quienes tiene dirigidas las baterías, con el ánimo expreso de presionarlos para negociaciones políticas, en momentos en que se aproximan las elecciones primarias, y cuando la principal arma política de la oposición es montar las carabinas contra el Gobierno del PLR. Sin duda que tener el control del Ministerio Público le da toda la ventaja política al PLR, que usa al ente del Estado que persigue a los autores de los delitos, para luego proceder contra ellos en los tribunales. Mantener la batería acusatoria a través del fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, militante declarado de Libertad y Refundación, es el mecanismo con el que el gobierno pretende tener manos arriba a los cachurecos, de aquí a la fecha de las elecciones primarias, con lo que busca compensar el no haber logrado presidir los organismos electorales (CNE y TJE).
Tan malo es la repartición de fondos en el Congreso Nacional en los períodos nacionalistas como durante los tres años del PLR. La explicación de la diputada Silvia Ayala del PLR, de diferenciar eufemísticamente los conceptos «fondo departamental» con «subvenciones», es el descaro más ridículo que solo a un pillo se le puede ocurrir como argumento. Ambos son manoseos de dinero público y aunque se pretenda encubrir con la cacareada «rendición de cuentas», los dos son idénticos por el lado que se les busque.
Pero todo esto resulta una nimiedad, frente a la irresponsabilidad del Ministerio Público de rehuir a su responsabilidad más grande que es el deber de intervenir el Congreso Nacional por el delito más grueso cometido, que es la usurpación de la dirección del Congreso por parte de una directiva impuesta en forma arbitraria y violenta. De este hecho violento ha derivado una serie de actos ilícitos como el nombramiento de una pseudo Comisión Permanente, que por su origen ilícito no tenía ninguna facultad legal para nombrar al nuevo fiscal general y su adjunto. Más la ilegal aprobación de un «Decreto de Amnistía» que privilegio con impunidad a una serie de ex funcionarios del gobierno de 2006, condenados por varios delitos graves.
El silencio cómplice del Ministerio Público en este caso es ignominioso en todo sentido, porque, el hecho de que el ente acusador del Estado se colocara en franca complicidad con los autores de los hechos ilegales más oscuros de todos los tiempos, como fue apropiarse de la dirección del Congreso Nacional con una barbarie de lujo, para emitir un decreto contentivo de impunidad y nombrar a una pseudo Comisión Permanente con el objetivo malsano de nombrar los fiscales a satisfacción del gobierno, es lo más oprobioso que le ha sucedido a Honduras a lo largo de su historia.
Con toda esta sarta de delitos que saltan a la vista, que la UFERCO del Ministerio Público haya montado la pantomima de intervenir el Congreso Nacional con el anuncio de requerir documentos que constituyen prueba de implicación de diputados nacionalistas en el mal manejo del fondo departamental, resulta todo un espectáculo circense, porque se hizo cuando el diputado Luis Redondo estaba de viaje, lo que demuestra que el montaje fue de compadre hablado, siendo que Luis Redondo es el principal responsable del manoseo de los dineros públicos asignados al Congreso Nacional, porque de su iniciativa parte la entrega de muchos millones de lempiras a los diputados del partido gobernante. Por esto, el Congreso Nacional se ha ganado merecidamente la deshonrosa ubicación entre los congresos más corruptos del continente.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 2 de diciembre de 2024.