Bien es sabido que los gobiernos autoritarios y populistas tienen como esencia propia imponer sus criterios hasta llegar a tergiversar la ley para imponer disposiciones de la manera más arbitraria. El gobierno del PLR ha cometido arbitrariedades con un franco menosprecio a la misma Constitución de la República. Pero, cuando la persona que preside el Congreso Nacional, en condición de usurpador, toma la palabra para amenazar a los diputados de oposición que rechazan el despropósito ilegal denominado «Ley de Justicia Tributaria», advirtiéndoles que de no apoyar el mamarracho ilegal lo someterá a una consulta popular para su aprobación, comete una falta grave que hay que sumarla al rosario de delitos que ha cometido.
Los asuntos tributarios no pueden ser sometidos a una consulta popular para su aprobación, porque siendo los aumentos de impuestos aspectos inherentes a la ley, que afectan por lo general al común de los ciudadanos, cualquier disposición de contenido tributario debe ser aprobada por el pleno del Congreso. Cuando se emitió el decreto 135-2009 que dio vida al plebiscito y el referendo, se contempló que ambos estaban dentro del contexto de la democracia representativa, pero igual que todas las leyes tienen sus limitaciones para evitar que el buen propósito del legislador distorsione el espíritu de beneficiar a los ciudadanos y termine convertido en una medida que agrave el bienestar de las personas.
Una ley como la que pretende el gobierno del PLR tiene un alcance devastador en contra del sector empresarial, y que según diversos criterios de entendidos en la materia, es un verdadero berenjenal que terminara ahuyentando las inversiones extranjeras y con efectos de destruir a muchas empresas nacionales que están resistiendo en el clima inhóspito a duras penas, con la esperanza de que las tinieblas desaparezcan del panorama nacional en poco tiempo.
Los entendidos en las finanzas y expertos del área tributaria concuerdan que esta ley que se propone imponer el gobierno del PLR tiene un propósito premeditado desalentador a la inversión privada, porque el objetivo del gobierno no es crear riqueza sino aumentar el estado de pobreza para crear dependencia en la población. La ley festinada tiene dos objetivos: crear pobreza y reducir el tamaño del sector privado para que sea el Gobierno de Xiomara Castro el salvador de los pobres. Esta relación con la pobreza, que es muy propia de los gobiernos fascistas, aumentar la pobreza fue uno de los inventos diabólicos que Fidel Castro le confió a Hugo Chávez, cuando este comenzaba su carrera dictatorial.
La Ley de Justicia Tributaria es una aportación diabólica de Rafael Correa de Ecuador, partidario de que el gobierno recoja la mayor cantidad de dinero posible para poder desarrollar todas sus actividades políticas en dirección a perpetuarse en el poder. En este sentido, la mencionada Ley de Justicia Tributaria, que bien podría denominarse «ley Correísta», tanto menosprecia a la empresa privada como a todos los hondureños, porque el acabose del sector empresarial es algo gravísimo, algo que entendemos muy bien los hondureños, sabiendo que el gobierno no podría generar el suficiente empleo, como no tendrá capacidad para estarle poniendo dinero a la gente todo el tiempo.
La intención del diputado Luis Redondo de someter la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria a una consulta popular, además de ilegal es un atentado en todo sentido, producto de una mente calenturienta como es la del señor Rafael Correa, expresidente ecuatoriano prófugo de la justicia de su país por haber cometido numerosos delitos. Sin duda que Redondo sabe que de acuerdo a la ley que creo las consultas populares, un asunto delicado que afecta a las personas, a las empresas y por ende al país en general, como es la creación de impuestos, es una aberración peligrosa que sea decidida por las pasiones populares.
El filósofo inglés Edmund Burke, considerado el padre de las democracias contemporáneas, hace tres siglos previno al mundo del riesgo de confundir la democracia auténtica y la exaltación popular, considerando que si bien un parlamento era el intermediario idóneo para tomarse un tiempo para deliberar y aprobar leyes, sus promotores o autores no deberían lamentarse al día siguiente por las consecuencias de las aberraciones cometidas. El señor Luis Redondo ya le ha hecho mucho daño a Honduras sin que hasta ahora la oposición sea lo suficientemente contundente para frenarlo en sus despropósitos.
Pero no estará tarde el día en que los hondureños tengamos una nueva democracia, más robusta y decidida, para que, se le deduzcan responsabilidades por todas las atrocidades cometidas. En términos generales, casi todos los plebiscitos y referendos tienen consecuencias lamentables, pero una consulta para inventarse la falsa aprobación de una nueva atrocidad revestida de consulta popular, que permita emitir más impuestos a la medida del gobierno para recolectar mucho dinero con fines políticos, tendrá consecuencias para los autores y los ejecutores de una iniciativa que busca favorecer los excesos del gobierno para recaudar mucho dinero para fines políticos y no para el bienestar de las personas.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 17 de octubre de 2024.