La acción del fiscal general Johel Zelaya en contra del exalcalde y precandidato nacionalista Nasry Asfura, es un hecho desafortunado que debilita la credibilidad de un organismo vital para el combate a la corrupción y la impunidad y hacer justicia. Dirigir las baterías de la fiscalía general solo en contra de los adversarios políticos del PLR, expone ante el mundo que en Honduras la justicia se ha dado color, con preferencia acusadora contra los adversarios del PLR, y actúa sin ningún tipo de pudor, cual manto protector, favoreciendo a funcionarios del gobierno que han cometido actos delictivos que se pagan con penas de gran cuantía.
Con esta actuación absolutamente parcializada, el aparato fiscal del país queda deslegitimado, porque un fiscal general, que asumió el cargo en una forma bastante discutida, termina de hundirse con actuaciones que tienen el ribete oficialista de perseguir a los adversarios del PLR, que tienen la connotación política de disputar el poder en las urnas, con grandes posibilidades, como el candidato nacionalista Nasry Asfura, cuyo caudal político que lo respalda, puede crecer en la medida que la gente perciba que hay mucha injusticia en su contra de parte de la fiscalía general a cargo del abogado Johel Zelaya.
De hecho, la defensa de Nasry Asfura ha comenzado su trabajo en forma efectiva asestando un buen golpe a la fiscalía, al recusar al fiscal de la UFERCO, Luis Santos, a quien se le considera un fiscal al servicio del Partido Libertad y Refundación, recusación que ha encontrado eco en los tribunales, de manera que Luis Santos quedara fuera del caso, con lo que, los abogados de Asfura tienen expedito el camino para que el caso del precandidato nacionalista quede al final en manos de la Corte Suprema de Justicia.
La justicia hondureña no se prestigia con acusaciones tan tenidas de sectarismo y parcialidad, porque, aunque el exalcalde hubiera cometido faltas en su accionar administrativo, su caso ya había sido conocido en los tribunales, donde los jueces no encontraron razones de culpabilidad en su contra. Este es un auténtico caso de abuso de autoridad de la Fiscalía, porque la ley manda que un caso no puede ser presentado de nuevo en los tribunales después de haberse dictado una resolución judicial en que, al encausado no se le encontró responsabilidad en los cargos.
Con semejante agravante, la defensa del exalcalde Nasry Asfura procedió a recusar al fiscal de la UFERCO, Luis Santos, persona vinculada al PLR, en el que varios familiares, comenzando por su esposa, son beneficiarios con cargos públicos. Un resbalón tan vergonzoso deja cojeando al Ministerio Público, porque su manifiesta inclinación no le permite actuar como un organismo que procura por una verdadera justicia. Las peroratas del fiscal Johel Zelaya, de citar a todas las personas que han sido vinculadas al crimen organizado, se alejan de la seriedad, porque hasta ahora, la fiscalía ha escogido para echar a andar la aplanadora acusatoria, solo a elementos que pertenecen al adversario Partido Nacional.
Sin embargo, resulta que los funcionarios del PLR son intocables para el Ministerio Público. Para el caso, el diputado Luis Redondo, a estas alturas ya debió ser objeto de una acción de la Fiscalía por ocupar la Presidencia del Congreso Nacional en una manifiesta usurpación de funciones, al ocupar el alto cargo para el que la mayoría del pleno de la Cámara, conforme lo establece la Constitución de la República, había votado eligiendo la junta directiva presidida por el diputado Jorge Cálix por una mayoría calificada.
La actuación del fiscal general y del fiscal de la UFERCO, sumamente cuestionadas por la sociedad hondureña y por la opinión pública, por ese estilo de proceder completamente sectario, no le abonan al Gobierno de la Presidente Xiomara Castro, todo lo contrario, el accionar de la batería fiscal, abiertamente parcializada, sin ocultar que siguen directrices del más alto nivel, desacredita al gobierno en cualquier gestión que haga en instancias internacionales como el de pretender apoyo de la ONU para instalar una comisión contra la corrupción y la impunidad, porque esta forma de dirigir el brazo de la justicia contra los adversarios y opositores, es calificada como una infamante persecución política, misma que entra en el embrollo de la corrupción.
Un gobierno que pretende mantenerse en el poder utilizando los instrumentos de justicia más preciados como el Ministerio Público y sus principales fiscales, para perseguir a los adversarios políticos, peca de ilegitimidad social, porque, aunque el gobierno diga que está procurando hacer justicia, la población percibirá que está tratando de afianzarse en el poder mediante la persecución política. Y al final el partido gobernante perderá el poder, porque la plena justicia que es la del pueblo, lo castigará masivamente en las urnas.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 4 de noviembre de 2024.