La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Honduras, por la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional el 12 de diciembre del 2012, durante la administración del presidente Porfirio Lobo, siendo presidente del Congreso Nacional, el entonces diputado Juan Orlando Hernández, es un hecho sin precedentes, aunque no es caso único, porque posterior al mismo, hemos tenido otros acontecimientos atentatorios en abierta violación a la Constitución, que en el curso de los años, cuando sean objeto de los respectivos procesos en los organismos judiciales internacionales, veremos a otra tendalada de políticos de este tiempo, compareciendo una vez que las cortes de derechos humanos evacúen los procesos.
Habían transcurrido 12 años cuando el Congreso Nacional presidido por JOH aprobó destituir a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, Rosa Linda Cruz de Williams, Gustavo Enrique Bustillo Palma y José Francisco Cruz Gaekel. La destitución de los magistrados fue encausada en razones irregulares, como el de favorecer a elementos vinculados al narcotráfico, por lo menos eso fue lo que declaró el presidente del Congreso Nacional, JOH. Los magistrados acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde aquel 2012 el proceso se desarrolló con la lentitud que caracteriza al debido proceso, pronunciándose la Corte por una indemnización económica a los magistrados afectados en sus derechos, que, como es lógico, corresponde pagar al Estado.
Sin embargo, los magistrados afectados están en su perfecto derecho de iniciar acciones contra los diputados que participaron en aquella defenestración inédita, por lo que es casi seguro que veamos un nuevo capítulo judicial que será entablado contra muchos políticos de aquel año que ya no ocupan curules en el Congreso, pero que pasarán al plano de acusados por los exmagistrados que querrán cobrarse la afrenta sufrida que les dañó su imagen profesional, aparte del perjuicio económico del que también podrán cargar con una parte los diputados que participaron con su voto en la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional en 2012.
La reapertura de este capítulo viene a calentar el escenario político hondureño, en un año que tiene la condición preelectoral, cuando se hará la convocatoria a elecciones primarias y los partidos ya están en plena efervescencia electorera, procurando ganar terreno político para cuando llegue el 2025 que es año de elecciones primarias y elecciones generales. Sin embargo, esto que estamos viendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos será una cadena interminable de procesos, porque el asalto al Congreso Nacional en el 2022, desconociendo a una directiva legalmente electa para presidir el Congreso Nacional, no se quedará como un atentado sin importancia.
La corrupción ha llenado la escena política hondureña con este tipo de abusos, desde la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en el 2012, hasta la imposición de la directiva del Congreso Nacional en el 2022. La buena noticia es que siempre hay una instancia jurídica que le permite a la ley exigir cuentas, siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que termina por disipar la niebla, haciendo posible que se puedan ver con claridad todos aquellos actos ilegales que le han robado la majestad al Derecho, por un determinado tiempo.
Una Corte como la Interamericana de Derechos Humanos tienen una gran diferencia con los tribunales comunes de un país, donde al introducirse la política, los jueces terminan por hacerse de la vista gorda y por apoyar de algún modo las injusticias. Eso pasó en aquel lejano diciembre del 2012 en Honduras, y se ha repetido el 23 de enero de 2022, permitiendo la imposición de una directiva espuria en el Congreso Nacional, cuando ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría General de la República, ni la Corte Suprema de Justicia, se han dado por aludidos, haciéndose de la vista gorda, guardando una connivencia política cómplice con el Poder Ejecutivo actual, que es el que ha estado detrás del asalto a la directiva del Congreso Nacional.
La destitución de los magistrados de la Sala Constitucional en diciembre de 2012 parecía un hecho refundido en la historia, pero no para los magistrados destituidos que han debido estar todos estos años moviendo cielo, mar y tierra, haciendo uso de todos los recursos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta el día en que la Corte les ha restituido sus derechos y ha condenado al Estado hondureño a resarcirlos como corresponde.
Naturalmente, que al final de cuentas, el vejamen de que fueron objeto los magistrados en el 2012, les será recompensado con creces con los impuestos que pagamos los contribuyentes, que somos los paganos de los platos rotos por culpa de los abusos y los desmanes de los políticos. Esos abusos son cuentas que deberían pagar los partidos políticos que los cometen, porque es injusto que seamos los hondureños que tributamos, los que terminemos respondiendo por esas faltas graves que los perjudicados se las sacan con recompensas millonarias exigidas al Estado, que se nutre con el pago de los impuestos que hacemos los contribuyentes.
Se que es muy fácil ofrecer esta fórmula y muy difícil llevarla a la práctica. Pero algo hay que hacer antes de que la corrupción acompañada del abuso de los políticos se coma a nuestra Democracia y a nuestro país, tan flacuchos como ya están.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 2 de abril de 2024.