Tiene razón la Presidente Xiomara Castro, cuando califica de «muy positivo» que la Corte Suprema de Justicia haya declarado sin lugar los recursos de inconstitucionalidad contra el «Decreto de Amnistía», porque a pesar del desastre judicial que es legitimar el «Pacto de Impunidad», lo positivo de esta decisión tan infortunada para nuestro país, es que desmonta por completo la farsa de instalar la CICIH. Porque sin el aval de la ONU, el gobierno no podrá cumplir su falsa promesa de dar vida a la comisión contra la corrupción y la impunidad. Y cumplir con la instalación de esta comisión es algo que ha traído de cabeza al Gobierno de Xiomara Castro.
En la obstinación de la gobernante, al verse cuestionada por la oposición como por algunos sectores de su mismo partido, ante el incumplimiento de la que fue su principal promesa de campaña, la mandataria ha dado varios pasos en falso intentando rescatar su credibilidad, viajando varias veces a las oficinas del secretario general de la ONU, que obviamente han sido visitas de pura cortesía, para dar la impresión de que el gobierno hace gestiones incansables para concretar la llegada de la CICIH, de manera que si esto no es posible, se perciba que no es por culpa del gobierno, sino de la misma ONU, que al decir de Mel Zelaya, es el organismo mundial quien se ha puesto los moños, haciendo toda clase de trabas para no hacer posible la instalación de la CICIH.
Cometido el desaguisado judicial por una mayoría de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de cuyos nombres no queremos acordarnos en este momento, nuestro país queda como una nación sin justicia, sin un aparato judicial que genere confianza al momento de juzgar los diversos casos en que se requiere la aplicación correcta de la ley. No hay motivo ni razón para creer que a partir de ayer todo quedó como si nada hubiera pasado en el campo judicial, porque lo que se produjo ayer fue un verdadero «parteaguas»; antes de ayer, aunque con ciertas dudas y reservas, todavía teníamos un Poder Judicial, después de ayer, con la barbaridad cometida por diez de los 15 magistrados, el Estado de Derecho quedó hecho trizas, y si alguien cree que tenemos una Corte Suprema de Justicia, debe saber que, lo que quedó fue una corte piltrafa, andrajosa y sucia, que ni siquiera sirve para secar los sudores de las elites políticas que son las directamente responsables de las conductas de los diez semovientes que ayer votaron por la destrucción del sistema judicial hondureño.
Pero, concordamos con la Presidente del PLR, Xiomara Castro, porque al final de cuentas es sumamente positivo que, al cometer la Corte Suprema semejante barbaridad, ahora la ONU tiene absoluta claridad que lo que menos existe en el Gobierno del PLR que preside Xiomara Castro, es interés por combatir la corrupción y la impunidad. Dos pasos inequívocos del gobierno son la prueba palmaria de que la Presidente Castro no tiene interés en combatir la corrupción y la impunidad. El primero es la suspensión del tratado de extradición, una lamentable renuncia del gobierno que solo se explica en el interés de proteger por lo menos a dos miembros de la familia Zelaya, que al estar mencionados en los juicios de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, son candidatos al llamado de extradición por parte de EEUU. Este paso tan desacertado de Xiomara Castro le ha hecho ganar con muchos méritos a su gobierno el calificativo de «narcogobierno», otorgado por varios medios internacionales como El Economista de México, Infobae de Argentina, El Mercurio de Chile, varios periódicos españoles, La Prensa Gráfica de El Salvador y la generalidad de los medios hondureños. El calificativo nos pringa injustamente a todos los hondureños, porque teniendo un narcogobierno, Honduras es un narcoestado y en ese costal, por desgracia, entra toda la nación.
El segundo paso es haber forzado al Poder Judicial para lograr que una mayoría de magistrados que obedece a las élites políticas, votaran por legitimar el «Pacto de Impunidad» como se le conoce al tristemente célebre «Decreto de Amnistía», urdido por la cúpula mandamás del PLR, para salvar de los delitos de orden económico a varios funcionarios del gobierno de Mel Zelaya, que fueron del amplio conocimiento de la opinión pública y del pueblo hondureño en general.
Son dos pasos que lacran al Gobierno de la Presidente del PLR, Xiomara Castro, que constituyen una lápida muy pesada, que no solo sepulta el futuro del PLR, sino que le pone fin a la farsa reiterada de una gestión que hace una y otra vez la Presidente Castro, ofreciendo la instalación de la CICIH. No habrá CICIH, porque el fallo de la Corte Suprema que legitima la impunidad resulta un «requiescat in pace» (un descanse en paz) para la manoseada comisión.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 9 de octubre de 2024.