LO DESEABLE Y LO POSIBLE

La tranquilidad pareciera retornar al hemiciclo legislativo producto de los acuerdos y consensos que han logrado los partidos políticos de oposición y el partido gobernante LIBRE, en torno a la elección de los fiscales en propiedad del Ministerio Público, magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y los demás organismos que vigilan por la vigencia de la democracia en Honduras. El Consensualismo es la filosofía de las obligaciones que consiste en la tesis que asienta la fuerza vincular de las partes, basando su eficacia en la exclusiva voluntad de las partes para acordar algo, sin intimidación o violencia que desnaturalicen el consentimiento. En pocas palabras el consenso es consentimiento o aprobación para encontrar salidas a los desacuerdos políticos.

En política los acuerdos y consensos no deben hacerse como cuando los mafiosos se distribuyen las reparticiones truculentas de manera arbitraria; en el Congreso Nacional lo importante de los consensos es que los acuerdos sean con el consentimiento de todos los partidos políticos, en base al número de la mayoría calificada de diputados. Un consenso no es algo que se puede imponer por la fuerza. Cuando el partido gobernante LIBRE exige a los partidos de oposición que se adhieran a respaldarlo en una propuesta política, lo que ocurre es una imposición, que es antónimo, es decir, lo opuesto al consenso. De esa forma LIBRE impuso una directiva ilegal en el Congreso, y una pseudo Comisión Permanente que nunca tuvo vigencia jurídica y que en todo momento se enfrentó a un desconocimiento general.

La elección de los magistrados del TSC debe hacerse con la concurrencia del pleno parlamentario, que es el ámbito más general que reviste de legalidad una elección de magistrados; el Congreso Nacional durante los primeros dos años abandonó la línea del ordenamiento jurídico para convertirse en una especie de hacienda donde un mayordomo con barba larga se erigió en mandamás del hemiciclo, algo nunca visto en el parlamento hondureño, por lo que el Congreso Nacional fue considerado un órgano indeseable por ilegal.

Transcurridos los primeros dos años y habiéndose elegido a la junta directiva para el segundo periodo, aún queda la mancha del diputado Luis Redondo que no puede lavarse la costra de ilegalidad. Sin embargo, el Congreso Nacional no se puede detener, y entre lo deseable y lo posible, aún con esa terrible defección de tener un presidente ilegal y usurpador, el parlamento hondureño debe caminar haciendo las tareas que le conciernen al pleno parlamentario. 

Le toca elegir en propiedad a los dos fiscales más importantes del Ministerio Público. La regla del consenso manda que el Partido LIBRE, por ser el que más votos recibió en las pasadas elecciones, tiene el privilegio de postular al fiscal general, al Partido Nacional, que ocupo el segundo lugar, le corresponde el fiscal adjunto, quedando el cargo de director de fiscales al Partido Liberal. En el TSC se aplicará la misma regla, y así en las demas instituciones donde los partidos tienen derecho a reclamar su cuota de participación.

Es importante saber que la política sin acuerdos no tiene la posibilidad de avanzar hacia los consensos, lo que no es aceptable son los manoseos en misas negras que hacen ciertas elites políticas para obtener beneficios políticos particulares, puesto que todo acuerdo que requiere de un consenso debe ser para beneficio del interés colectivo. Hay asuntos que el Gobierno de LIBRE busca imponer atendiendo su exclusiva voluntad, como la llamada Ley de Justicia Tributaria, que tiene una visión retorcida en lo que se refiere a recaudación de más impuestos. Es producto de la obsesión del gobierno de recaudar más impuestos, que, objetivamente hablando, no hará más felices a los hondureños, porque cuando un gobierno decreta más impuestos desincentiva a los inversionistas y empresarios, haciendo que se reduzca la generación de empleos. 

Un gobierno que carece de visión para generar empleos es un gobierno que no entiende la elemental regla de «invertir más para crear más fuentes de trabajo». Un gobierno que abusa de la vocación tributaria es un gobierno que tiende al fracaso, porque cuando se interrumpe el motor que dinamiza la economía lo que queda es la acción individual de las personas para lograr la sobrevivencia, que es lo que se conoce como economía informal.

El Gobierno de Xiomara Castro no debe caer en la aventura populista denominada pomposamente «Ley de Justicia Tributaria», no debe permitirse un fracaso que a la vez nos amargará la vida a los hondureños, en cambio debe adoptar un seguro de realismo que nos ayude a superar con buen ánimo la terrible situación económica que agobia a la nación hondureña. Frente a la ambición fiscal aventurera del gobierno, llamada Ley de Justicia Tributaria, queda la oposición parlamentaria, que debe proponer salidas que impidan el total estrangulamiento de la economía.

El gobierno debe sumergirse en un baño de realismo: pretender evitar que las empresas ganen más es oponerse a una mayor generación de empleo. Para el gobierno lo deseable es obtener más recaudación vía impuestos, pero esa ambición tributaria no hace posible que se generen más puestos de trabajo.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 29 de enero de 2024.