Las elecciones en los países democráticos constituyen el mecanismo para elegir en forma pacífica y ordenada las autoridades cada cierto período, conforme lo disponga la Constitución de cada país. En Honduras, la Constitución de la República manda que los procesos electorales se realicen cada cuatro años, en que se eligen los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y alcaldes de todos los municipios. Por tradición, la celebración de elecciones desde que Honduras retornó al orden institucional en 1982, se han celebrado en un ambiente festivo, con muy pocos incidentes que lamentar. Los partidos estructuran sus cuarteles donde se concentran los cuadros de dirección y activistas, para orientar y apoyar a sus parciales.
Sin embargo, el ambiente electoral hondureño que se caracterizaba por contagiarse de un sentimiento eminentemente cívico, fue trastocado con el surgimiento del Partido Libertad y Refundación, el PLR, que, desde su inicio en la vida política irrumpió con un espíritu de confrontación, dispuesto a crear conflictividad con los oponentes, buscando imponerse por la fuerza bruta, apegándose a la consigna del caos, como un arma poderosa para demostrar una superioridad antidemocrática.
Estando en el transcurso de un nuevo proceso electoral de carácter primario, mediante el cual los partidos políticos elegirán a sus candidatos a la Presidencia de la República, los candidatos a diputados y candidatos a las alcaldías, los diversos movimientos han cumplido dos requisitos vitales: primero acreditar sus planillas ante las autoridades de su respectivo partido para finalizar haciéndolo ante el máximo organismo electoral, el CNE. Cumpliendo el requisito fundamental ante estas dos instancias, los movimientos de los partidos están encarrilados en la carrera electoral de manera que ya no hay nada ni nadie que puede dudar de que habrá elecciones primarias.
Todos los demás asuntos como la contratación de una empresa que se encargue de la biometría y de los TREP, son vericuetos que pueden manejar de manera coordinada, en consenso, los tres partidos que están debidamente representados en el CNE y en los demás organismos como el TJE y el RNP. El proceso electoral que habrá de concluir con las elecciones generales en el 2025, garantiza la vida institucional con la que la democracia hondureña se consolida.
Solo hay un «pero» en la carrera electoral, que tiene que ver con el comportamiento antidemocrático de algunos elementos del PLR, que desconocen los principios democráticos que se enmarcan en la conducta respetuosa entre los militantes y dirigentes de los partidos. No es posible que la dirigencia del PLR promueva conductas proclives a la violencia como los ocurridos anoche, cuando algunos de sus miembros agredieron a una aspirante a diputada por uno de los movimientos del Partido Nacional. Anteriormente, en la planta baja un militante agresivo del PLR lanzó una botella sobre la humanidad del diputado nacionalista Antonio Rivera, con consecuencias graves.
Todo acto de violencia es condenable, en cualquier escenario de la vida social o política, pero en esta última, que es donde se dirimen las aspiraciones para ocupar los cargos públicos, la violencia es un arma inaceptable en cualquiera de las agrupaciones y movimientos políticos. Un partido político es una organización que refleja la capacidad que tienen las personas de asociarse para buscar objetivos que tiendan a crear mejores condiciones de bienestar para los ciudadanos. Un partido no es una tribu, no es un ejército de combate ni es un pelotón de montoneros que está dispuesto a la agresión constante contra los que no comulgan con sus ideas y sus acciones.
El PLR debe revisar y modificar su patrón de comportamiento para ser considerado una institución democrática, porque con los antecedentes agresivos que se han registrado en los últimos dos años, por lo menos algunos de sus militantes que pueden ser miembros de sus «colectivos» no demuestran ser personas socialmente aptas para convivir en armonía en sociedad. Su predisposición es la de actuar de manera agresiva contra todo aquel que no forma parte del PLR, una manera de intimidar y coaccionar a los demás para que abandonen los espacios políticos para tener todo el campo a su disposición, el principio del poder absoluto sin límites legales que es el fundamento del fascismo.
Todos los partidos deben apegarse a la ley y en esto el PLR no debe considerarse una excepción, sin embargo, llama la atención el último discurso de la señora Rixi Moncada, que además de candidata del PLR es ministra de Defensa, una dualidad que debe ser enfrentada por la oposición, cuando dice que: hay que hacer todas las cosas sin limitaciones legales, una invitación inaceptable porque indica que el PLR no está dispuesto a apegarse ni a respetar las leyes. En esta situación hay un peligro en el camino, hay una ecuación que no cuadra: dos partidos dispuestos a apegarse a la ley y uno dispuesto a actuar en franco irrespeto a las leyes.
La sociedad hondureña tiene que reparar en la convocatoria de doña Rixi Moncada, porque en su doble condición está llamando a sus partidarios a actuar fuera del marco de la ley. Esto es una variante peligrosa contra la Democracia, contra la Constitución y fundamentalmente contra Honduras.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 19 de noviembre de 2024.