El principio político de intolerancia con que se maneja el Partido Libertad y Refundación lo lleva a cometer desatinos que exhiben, además, una asombrosa falta de tacto en sus relaciones con organismos internacionales como la ONU, que es infinitamente superior a cualquier gobierno. Pretender dictarle pautas al más importante foro mundial, para el establecimiento de la CICIH, es el arrebato de prepotencia más absurdo, que además es una cuasi confesión de que al gobierno no le conviene tener el conteo de costillas de una comisión que no deberá admitir ningún tipo de restricciones para investigar los casos de corrupción, ocurridos en gobiernos anteriores, pero con énfasis en el actual gobierno.
No habíamos visto una insolencia tan grande como cuando desde la Cancillería hondureña se dice que la ONU mantendrá en reserva los pasos que se darán para concretar la CICIH. La ONU no es un organismo tapadera que por hacerle el favor al Gobierno de Honduras estaría dispuesto a silenciar las acciones que supuestamente se harán para instalar la CICIH. Eso no tiene sentido ni es algo aceptable para el organismo, porque su trabajo desde el primer momento es dar cada paso en un clima de transparencia, informando a los hondureños cómo será el mecanismo de operación de la CICIH. Si el gobierno quiere todo lo contrario, que nada de lo que se haga en busca de la instalación de la CICIH sea de conocimiento público, está enviando un mensaje que contradice los principios de transparencia de la ONU y por lo tanto, inaceptable.
La pretensión del gobierno, de pedirle a la ONU mantener en reserva los avances de la instalación de la CICIH, es la conducta propia de la corrupción, que no será tolerada por el organismo como ya lo ha expresado la delegada de la ONU en Honduras, Alice Shackelford. Si la ONU aceptara que el Gobierno de Honduras le dicte las reglas del juego para acompañar la instalación de la CICIH, sería algo así como permitirle al gobierno que le de las vueltas que quiera al toro de la corrupción, renunciando a cogerlo por los cuernos.
Algo en lo que no se le puede tomar el pelo a la ONU es en el combate a la corrupción. Entre los preceptos de obligatorio cumplimiento del máximo organismo mundial está la definición de la corrupción como «el comportamiento poco honesto o ilegal de una persona con autoridad o poder». La corrupción, por tanto, se da entre quienes tienen poder y autoridad. Un gobierno es corrupto en la medida que sus funcionarios actúan con deshonestidad y abusan del poder y de la autoridad que les ha conferido el electorado. Los electores no eligen a sus gobernantes y autoridades para que abusen del poder, excediéndose en el ejercicio de la autoridad. En pocas palabras, los gobiernos son corruptos en la medida que los presidentes, los ministros y demas funcionarios abusan del poder y de la autoridad.
Basado en estos principios es que uno de los objetivos de la ONU es ayudar a sus países miembros a combatir la corrupción, por lo que no puede aceptar la petición del gobierno hondureño de mantener en reserva los pasos que marcarán la instalación de la CICIH, porque eso sería apanar todo lo malo que se ha hecho desde el principio del gobierno. Encubrir el asalto a la directiva del Congreso Nacional y aceptar como algo correcto el «Pacto de Impunidad», encubierto con el eufemismo de «Decreto de Amnistía», es inaceptable para la ONU.
La sociedad hondureña que también tiene su papel vigilante en este tipo de prácticas ilegales, se ha mantenido muy parca, excepto por las organizaciones de sociedad civil que han estado muy activas en la denuncia de los actos de corrupción de los últimos gobiernos. Es importante que estas organizaciones se rebelen contra los actos de corrupción, calificándolos como verdaderos desastres naturales, porque de ninguna manera favorecen o benefician a los ciudadanos. Si los miembros de la sociedad hondureña acompañamos la tesis del gobierno de que todo lo de la CICIH se haga bajo las reglas de la reserva, es porque aceptaríamos que todos los políticos son unos sinvergüenzas y que todos los ciudadanos en general somos sinvergüenzas potenciales.
Entonces, como casi todos los hondureños son partidarios de que la CICIH es un organismo necesario para combatir la corrupción hasta erradicarla, la única forma de lograrlo es que la ONU pueda usar todos los instrumentos que la ley le permite, debiendo ser el Gobierno de la Presidente Xiomara Castro el primero en cumplir los requerimientos que exige el organismo mundial: en primer lugar revocar el «Decreto de Amnistía» o «Pacto de Impunidad» y todos los demás actos irregulares que se han cometido en los dos años de gobierno.
Todo esto es lo que la ONU no acepta que se maneje en un plano de reserva, porque sería apañar o consentir la corrupción, y lo que el gobierno le ha pedido al foro mundial es que actúe como un organismo encubridor.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 4 de abril de 2024.