A pocos días de que se cumpla la fecha perentoria, establecida por el gobierno, para dar por finalizado el acuerdo de extradición con EEUU, es conveniente hacer algunas reflexiones, que podría tomar o no en consideración la Presidente Xiomara Castro, dadas las repercusiones que pueden sobrevenirle no solo del gobierno de EEUU, sino de organismos internacionales que toman muy en cuenta las decisiones de un gobierno que contribuyen a desmejorar el clima social del país. Aunque la cancelación del tratado de extradición es una facultad del Congreso Nacional, que es el escenario legal donde se aprobó esta decisión trascendental, la intención del gobierno hondureño de truncar la extradición de delincuentes que han cometido delitos que afectan a la sociedad estadounidense, es motivo de preocupación para el gobierno y demás autoridades de EEUU.
La extradición, en el caso de Honduras, fue un acuerdo debidamente concertado entre nuestro país y EEUU, por conveniencia mutua, no fue una imposición, que durante todos estos años ha sido una puerta altamente valorada, que incluye no solo el aspecto de la reclusión sino la posibilidad que tiene una persona que ha incursionado en el mundo del crimen, de recuperarse para reinsertarse en la sociedad, porque el sistema penitenciario de EEUU tiene la enorme cualidad de reformar la mentalidad de una persona que llego a perder el norte de la vida, para dedicarse solo a las actividades antisociales.
Honduras por desgracia no tiene un sistema penitenciario con capacidad de rehabilitar a las personas que han quedado atrapadas en el submundo de la criminalidad. Mas bien, nuestras cárceles fueron adaptándose a la mentalidad delictiva de la población carcelaria, de manera que, con el tiempo, quien ingresaba a una prisión aumentaba sus habilidades delictivas. Por los casos extremos de criminalidad, como el tráfico de drogas, que es un delito que persiguen con sumo interés las autoridades de EEUU, nuestros gobernantes anteriores se rindieron a la evidencia de que, al no haber capacidad en el sistema penitenciario hondureño para reformar la mente de los antisociales, la extradición es una vía que no debe ser considerada como una guillotina o una cámara de gas.
Hay varios casos de hondureños que, al ser pedidos en extradición, y otros que por su cuenta se entregaron a las autoridades de EEUU, al aceptar su culpabilidad y brindar cooperación a los fiscales, y tras cumplir una condena razonable, regresaron al país para reinsertarse en la vida cotidiana como personas útiles a la sociedad. Incluso, personas que fueron vinculadas al narcotráfico, al cumplir su condena ya disfrutan de una vida normal en libertad. Estos antecedentes demuestran que la extradición no es el fin de la vida de una persona que ha delinquido en el ámbito más perseguido por las autoridades de EEUU.
El Gobierno de la Presidente Xiomara Castro debe analizar los diferentes casos de hondureños extraditados, unos que al cumplir su condena se quedaron en EEUU y otros que decidieron regresar al país y casi de inmediato se reincorporaron a las actividades habituales y hasta a las actividades políticas. Porque, el objetivo de las penas, en estos casos, no es refundir a un individuo en la prisión, sino darle la oportunidad de reformarse y tener derecho a beneficiarse de las atenuantes conforme su comportamiento y cooperación.
Es decir, el motor de la extradición en los casos que una persona haya delinquido en una actividad como el narcotráfico, no es matarlo poco a poco en una prisión, excepto aquellos casos en que a un reo se le compruebe que para consumar su actividad haya eliminado o acabado con la vida de otras personas. Estas excepcionalidades de personas que han sufrido cortocircuitos emocionales que les inducían a acabar con la vida de quien se les ponía en el camino para frenar su negocio ilícito, son juzgados de manera especial, por considerárseles enemigos permanentes de la sociedad.
El plan de habilitación y rehabilitación del sistema penitenciario de EEUU es riguroso pero efectivo, que comienza por convencer al delincuente de que, al cumplir escrupulosamente con sus obligaciones de ser humano, especialmente de no usar ni comerciar drogas, llega a recuperar la confianza de la sociedad y a ganarse el derecho de regresar a hacer una vida normal. Este sistema ha surtido efecto en miles de personas, que hoy son seres útiles.
El Gobierno de la Presidente Xiomara Castro tiene la oportunidad de demostrarle al mundo, al rectificar su decisión de pedir la anulación del acuerdo de extradición, algo que de todas maneras debe pasar por el Congreso Nacional, que no es partidario de favorecer o proteger a grupos criminales que afectan al cuerpo social de la nación. Y que tiene la capacidad de responder, mediante una reflexión oportuna, de mantener la extradición como una manera de cooperar con las autoridades de EEUU y demas países, en el objetivo de hacer que muchas personas que han escogido la ruta del narcotráfico como negocio paguen su falta en un sistema penitenciario que les permite reconstruir su vida, dándoles la oportunidad de pagar sus faltas y delitos para luego reincorporarse a la vida normal.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 12 de febrero de 2025.