Está ocurriendo en Honduras que, nunca como hoy, la justicia está caminando por los caminos retorcidos del sectarismo, con lo cual la ley se aleja del objetivo fundamental que es aplicar las normas en forma indiscriminada, sin conceder privilegios a nadie que haya transgredido las leyes por cometer faltas o delitos. ¿En dónde nace esta inclinación que da tratamiento riguroso, con carácter de persecución a un sector, mientras a otros los trata con guante de seda? Como el Ministerio Público es el que tiene la facultad acusatoria, la unidad del MP denominada UFERCO, cuyo titular es el fiscal Luis Javier Santos, ampliamente reconocido como militante y simpatizante del Partido LIBRE, ha elevado acusación en contra de los expresidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, ambos del Partido Nacional.
El sentido de este comentario no conlleva el propósito de defender ni a Lobo ni a Hernández, porque ambos tienen el derecho y los recursos para defenderse. Lo que resulta necesario abordar es la preocupación del fiscal de la UFERCO para aplicar la ley a todo aquel exfuncionario de militancia nacionalista y alguno que otro liberal, mientras privilegia con la vista gorda todos los actos ilegales y arbitrarios cometidos por miembros del Partido LIBRE, con lo que demuestra una inclinación ideológica, protectora de las ilegalidades de personas del partido de gobierno.
Para el fiscal Luis Javier Santos de la UFERCO, es lo más normal lo que sucedió en el Congreso Nacional, donde con lujo de violencia y arbitrariedad se impuso una directiva ilegal, desconociendo la elección que minutos antes se había efectuado con todos los requisitos exigidos por la Constitución. Los hondureños esperábamos que la UFERCO actuara de oficio, que interpusiera las acciones debidas para que el Poder Judicial hiciera lo propio ante la flagrante violación de la Constitución. La UFERCO se llamó al silencio sepulcral, como si no existiera, o como si aquel acto oprobioso que nunca antes había ocurrido en Honduras, fuera lo más natural en el ámbito institucional.
Ante el mutismo del fiscal de la UFERCO y de todo el Ministerio Público, Honduras entera vio con estupor como se consumaba aquel crimen en contra de la institucionalidad, convirtiéndose ambas entidades en cómplices de este atropello sin parangón, de manera específica el titular de la UFERCO, que no movió un solo dedo ni pronuncio una sola palabra en contra de la imposición de una junta directiva ilegal en el Congreso Nacional, que desde aquel momento tiene sumido al parlamento hondureño en el lodazal de la ilegalidad.
De allí en adelante, en el Congreso Nacional se están dando todo tipo de irregularidades administrativas que ameritan la intervención de la UFERCO. La erogación ilegal de cantidades millonarias en esta gestión usurpadora del diputado Luis Redondo, demanda la investigación de UFERCO, igual que lo hizo en los periodos pasados cuando UFERCO se metió de cabeza a investigar las entregas de subsidios, de donde nacen los escándalos en que se implicaron varios diputados de los partidos, y que se extiende ahora a los expresidentes Lobo y Hernández.
Lo que se demanda es que así como la UFERCO se muestra preocupada por perseguir a los políticos nacionalistas, demuestre el mismo colmillo con los funcionarios del partido gobernante, porque al inclinarse de un solo lado desdice su papel de acusador imparcial, y se convierte en un colchón donde los de LIBRE pueden descansar sin la menor pizca de preocupación por sus faltas cometidas.
Para el caso, el «Decreto de Amnistía» o «Pacto de Impunidad», que es algo que incumbe investigar al Ministerio Público a través de la UFERCO y otras fiscalías, no ha sido objeto ni siquiera de la menor observación de esta unidad fiscal, que por lo visto cumple una función política protectora, con lo cual el fiscal Santos demuestra que atiende una misión de complacencia para la dirigencia del partido gobernante.
No vamos a asumir la defensa de ningún exfuncionario público que sea señalado por el Ministerio Público por cometer actos delictivos en contra del interés público, lo que demandamos como hondureño es que la UFERCO salga de la cueva de la complicidad con muchos funcionarios que han transgredido la ley a la vista de todo el mundo y no han sido objeto de la mínima investigación por parte de la mencionada unidad fiscal.
La izquierda emplea hábilmente a sus piezas colocadas en el Ministerio Publico y el Poder Judicial, demostrando que gracias al abuso y el irrespeto a la Constitución ganan la batalla ideológica, logrando poner en buen recaudo a sus corruptos, mientras que, a los otros de los demás partidos, a esos se les somete a una persecución implacable. Una justicia ideologizada como la que practica la UFERCO convierte a un país en un desastre, donde la democracia pierde la batalla en todos los campos, ante la supuesta superioridad moral que las personas de izquierda consideran su patrimonio. Esto, por supuesto, es una falacia muy propia de los mentirosos de oficio.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 12 de octubre de 2023.