La protesta formulada por el gobierno de El Salvador contra la ratificación del «Tratado Marítimo Hernández-Ortega», con el cual Honduras y Nicaragua definieron sus posesiones en el Pacífico, conforme lo mandó la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, no tiene ningún fundamento, porque ninguna protesta tiene validez una vez que el máximo tribunal de justicia definió la frontera con la cual quedó resuelta la controversia fronteriza entre Honduras y El Salvador. La Corte Internacional actuó con sabiduría jurídica al dejar que los tres países ribereños en el Golfo de Fonseca se pusieran de acuerdo respecto a sus posesiones y a la explotación de las aguas del Pacífico, tanto en el Golfo como en las aguas internacionales.
Honduras debía tomar la iniciativa por su condición de ser el país que comparte las aguas del Golfo con los dos países vecinos; haber iniciado el acuerdo con Nicaragua fue motivado por las circunstancias de entendimiento y cordialidad que existían entre los gobernantes de Honduras y Nicaragua, en aquel momento. Hernández Alvarado y Daniel Ortega mantuvieron un periplo de reuniones que concluyeron en el 2021, tras varias rondas de negociaciones entre los equipos militares y diplomáticos de los dos países. No fue fácil ponerse de acuerdo por las pretensiones tanto de Honduras como de Nicaragua, pero al final las delegaciones de nuestro país y de Nicaragua encontraron puntos amistosos que los llevó a coincidir en la firma del tratado de límites, tanto en el Golfo como en las aguas profundas del Pacífico. A Nicaragua solo le bastó un día ratificar el tratado por parte de la Asamblea Nacional de su país, mientras que, a Honduras, el Gobierno de Xiomara Castro, por haber engavetado el tratado por motivos políticos sectarios, le tardó casi dos años y medio ratificarlo.
Contra este paso, el Gobierno de El Salvador no tiene nada que hacer, más que iniciar con el Gobierno de Honduras la delimitación de las posesiones que conciernen a ambos países en la franja dentro y fuera del Golfo de Fonseca. La negociación tiene que ver con las posesiones insulares y áreas de explotación de ambos países en el área hondureña-salvadoreña. La sentencia de la Corte Internacional fue precisa: basada en la antigua teoría del condominio, en el Golfo de Fonseca hay una co-soberanía entre Honduras y Nicaragua, y entre Honduras y El Salvador. El recelo de El Salvador radica en que, tradicionalmente se ha obstinado en quedarse con ciertos territorios insulares como Conejo, que no es propiamente un islote sino una pequeña península que está unida a tierra firme hondureña, y cuyas aguas adyacentes son profundas, facilitando la navegación de barcos de gran calado, una ventaja que no tiene la Bahía de La Unión de El Salvador, por el asolvamiento que le producen las corrientes del Pacífico.
El Salvador ha visto en Conejo la solución a ese problema, nada más que Conejo es territorio hondureño y solo podría tener acceso a sus aguas profundas mediante una negociación comercial que implicaría el pago de un peaje a Honduras. Los salvadoreños se empecinan en reclamar Conejo, incluso en el gobierno del Frente Farabundo Martí, un militar trasnochado que ejercía como ministro de Defensa de ese gobierno, habló de tomarse Conejo por las armas, lo que tuvo como respuesta del entonces presidente Porfirio Lobo, que una intervención de ese tipo obligaría a Honduras a levantar los aviones F-5 contra El Salvador. Afortunadamente todo eso fue nada más un zipizape pasajero, y terminó prevaleciendo la calma y la tranquilidad entre los dos gobiernos.
Hoy, al haber ratificado el Tratado Hernández-Ortega, Honduras y Nicaragua han dado un paso trascendental en cumplimiento del mandato de la Corte Internacional de Justicia respecto a la delimitación fronteriza entre los tres países, habiendo comenzado con buen suceso Honduras y Nicaragua. El Salvador no tiene nada que hacer en las posesiones que conciernen definir a Honduras y Nicaragua. Esto es oportuno aclararlo porque hay declaraciones de funcionarios de la Cancillería hondureña que divagan y que pueden alentar reclamos por parte de El Salvador. A este país lo que le concierne definir son las posesiones marítimas fronterizas que tiene con Honduras. Las posesiones fronterizas del lado hondureño-nicaragüense ya quedaron definidas en el Tratado Hernández-Ortega.
La sentencia de la Corte de La Haya de 1992 es contundente, cada país tiene sus derechos respecto al otro, lo que se entiende en forma meridiana, las posesiones que conciernen a Honduras y Nicaragua ya están definidas de común acuerdo, lo que resta definir dentro y fuera del Golfo es la parte fronteriza marítima entre Honduras y El Salvador. Ambos países deben negociar. La duda que nos asalta es si la actual Cancillería hondureña tiene personal calificado para defender los derechos de Honduras. Porque, aunque ya hay una sentencia de la Corte Internacional, el litigio por las posesiones marítimas en el Golfo es el remanente que queda de la controversia de frontera, sobre lo que la Corte mandó a los países a ponerse de acuerdo para concluir con la demarcación.
Cuando El Salvador protesta por el tratado entre Honduras y Nicaragua, resbala y patina. En esa parte ya nada tiene que hacer, pero para enfrentar los reclamos de El Salvador se requiere profesionales con capacidad en la diplomacia. Y los que han quedado en la Cancillería, parece que solo son buenos para gurgurutear, y la diplomacia es mucho más que la vulgar altisonancia verbal.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 3 de abril de 2024.